El Gobierno central parece dispuesto a que las movilizaciones agrarias no se le escapen de las manos al aprobar ayer un Decreto-ley con medidas urgentes ante la crisis que atraviesa el campo por el hundimiento de precios en origen y la continua pérdida de rentabilidad de las explotaciones del sector. El paquete de medidas anunciado por el Ministro de Agricultura, Luis Planas, incluye propuestas de gran calado y que si se llevan a término podrían mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario. Así lo reconoce el Ejecutivo y las propias organizaciones agrarias.
Entre las principales medidas que se van a acometer se encuentra la modificación de la ley de la cadena alimentaria, que prohibirá las prácticas de competencia desleal, así como reforzar los contratos escritos, donde será obligatorio incluir los costes efectivos de producción, para dar garantía y fiabilidad a la valorización de su trabajo. Las medidas del ministerio de Planas tratan de «evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores)». Por eso, la nueva norma introduce el coste de producción como «elemento obligatorio» en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios. De este modo, se incorpora, como cláusula obligatoria, incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado cubre costes de producción.
Recortes fiscales
Las actividades promocionales del sector de la distribución comercial no podrán «inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos». Además, se instaura la prohibición de venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena. También se dará publicidad de las sanciones graves y muy graves (que pueden llegar a 1 millón de euros).
En materia de fiscalidad, la norma aprobada introduce modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Con esta modificación se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional. Además, el Ministerio de Trabajo bonificará la transformación de contratos eventuales agrarios en contratos indefinidos o fijos discontinuos
Tras conocerse los detalles del Decreto-ley, organizaciones agrarias del sector como AVA-Asaja reconocieron que «en líneas generales y a la espera de que se cumplan se tratan de medidas positivas porque abordan el problema de los costes, las ventas a pérdidas y los incentivos fiscales para los jóvenes agricultores», aseguró su secretario general Juan Salvador Torres. Para el líder de la Unió de Llauradors, Carles Peris, son medidas «muy positivas» que impulsan la transparencia. Valoró el alza de ayudas a los seguros. «Pero es ambiguo el tema de la representatividad agraria y Planas debe conseguir una mejor PAC», puntualizó.
Sin embargo, la patronal de industrias alimentarias FIAB mostró sus «dudas» sobre la «efectividad» y la compatibilidad con la libre competencia de una de las medidas del Decreto-le, que obliga a incluir en los contratos alimentarios los costes de producción.
