Las ayudas que prepara el Gobierno a la industria electrointensiva beneficiarán a 94 empresas valencianas, según la estimación del Ministerio de Industria. La Comunitat Valenciana es una de las principales beneficiarias del nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de aprobar en marzo. La nueva regulación multiplica por trece el número de grandes empresas valencianas beneficiadas con ayudas a la luz.
Con el nuevo sistema se pasa de 7 a 94 industrias valencianas con apoyo para que mejoren su competitividad. Aunque el número de empresas no es muy elevado respecto a la cifra total de consumidores, sí lo es en términos de gasto ya que superan el 75 % del consumo total en los sectores dedicados a la «industria metalúrgica, química, del papel y del refino del petróleo», según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con más empresas beneficiadas tras Cataluña (153 compañías). En toda España, según la previsión del Ministerio de Industria, hay 612 empresas que pueden optar a las compensaciones. Fuentes del sector precisaron que el 24 % son empresas de fabricación de productos minerales no metálicos, el 21 % están ligadas con la industria química y el 13 % tienen vinculaciones con la metalurgia.
Las industrias que pueden acceder a las retribuciones del servicio de interrumpibilidad (el principal mecanismo que hasta ahora tenían las empresas electrointensivas para abaratar el recibo de la luz a cambio de estar dispuestas a reducir el consumo si el sistema lo requiere) no coinciden con las que cumplen con las características de consumo para poder acogerse al nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos. El objetivo de la nueva regulación es mejorar la competitividad de las empresas con gran consumo de electricidad, que han llegado a soportar diferenciales con sus competidores de Francia y Alemania de hasta 20 euros/megavatio hora (MWh), aunque los precios del Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel) están convergiendo.
El Estatuto bonifica un 85% de los cargos de las facturas de las industrias grandes consumidoras de electricidad, destinados a financiar los costes de las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los territorios no peninsulares. Esta cantidad se les devolverá con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria y no se aplicará en el recibo de otros consumidores.
La nueva norma, que será tramitada por urgencia y que ya no pasará por la CNMC al haber sido incorporadas sus observaciones, podría ser aprobada por el Consejo de Ministros a lo largo de marzo.
Noventa millones
Según el Gobierno, unos 90 millones podrían ser devueltos a las 600 industrias españolas beneficiadas por este mecanismo, a lo que habrá que sumar las compensaciones por costes indirectos de dióxido de carbono (CO2) para las que el año pasado el Ministerio de Industria destinó 172 millones de euros, una cantidad que tiene intención de ampliar en los Presupuestos Generales del Estado que se aprueben. Con los datos actuales, se elevan a más de 262 millones el apoyo a estas industrias. Asimismo, el Estatuto establece un mecanismo transitorio para calcular el importe de los cargos que está pagando de forma efectiva cada consumidor y, así, poder compensárselo en tanto el Gobierno actualiza los cargos de la factura eléctrica.
El tercer eje de medidas lo constituye un mecanismo de cobertura de acuerdos para fomentar que los consumidores electrointensivos establezcan contratos de suministro a largo plazo con proyectos de generación de electricidad renovable. Lo hará a través de un fondo por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), cuya cuantía está por determinar, y otras garantías.
La directora general de Industria, Empar Martínez, destacó que el nuevo estatuto es «muy positivo» para los intereses de la Comunitat Valenciana». Martínez incidió en que la clave es que el nuevo mecanismo de compensación rebaja de 40 Gigavatios (GW) al año a 1 GW el consumo mínimo necesario para acogerse a las ayudas. Este cambio, impuesto por Bruselas, ha permitido multiplicar el número de empresas valencianas beneficiadas.
La nueva regulación exige a las empresas que demuestren el consumo con un examen de la Entidad Nacional de Acreditación. La Generalitat va a presentar una alegación contra este requisito porque entiende que es innecesario y provoca un «coste extra» a las empresas que optan a las ayudas. «Es una cuestión burocrática que supone un sobrecoste prescindible porque las empreas distribuidoras de energía pueden acreditar el consumo», advirtió Martínez Bonafé.
