La disputa interna que se vivió hace dos años entre la dirección nacional de Adicae, entidad de defensa de usuarios de banca, y la que entonces era la dirección de esta organización en la C. Valenciana, continúa coleando en los tribunales.
El juez de Primera Instancia 5 de Valencia acaba de estimar la demanda de tres exafiliados de Adicae C. Valenciana, que en algún caso también pertenecían a la directiva autonómica, contra varios acuerdos de la dirección nacional de Adicae en 2018, en los que se decidió la baja de alguno de ellos por impago de cuotas y, en otros casos, expedientes sancionadores y la expulsión.
Aquellos enfrentamientos se enmarcaron en la disputa por el control organizativo entre ambas entidades, básicamente por la gestión de cuotas y estrategias jurídicas, señalaron fuentes conocedoras del proceso. Estos conflictos entre la dirección nacional que lidera Manuel Pardos y delegaciones autonómicas se reprodujeron en otros territorios. En ese año 2018, tras las expulsiones se produjo un cambio de la directiva autonómica tutelado por Madrid.
Se da la particularidad de que existe una independencia jurídica entre ambas entidades, aunque los miembros de Adicae C. Valenciana lo son también de la organización estatal. Es en esta cuestión en la que se centra la sentencia emitida el pasado 17 de febrero.
El juez estima que el fondo de la demanda es una cuestión de legitimadad, por lo que analiza las facultades de cada organización. Así, el juzgado concluye que se trata de «entes jurídicos diferentes». «Son dos entidades con personalidad juridica distinta y por lo tanto con capacidad de obrar diferenciada respecto a sus fines y su ámbito territorial. Derivandose de tal dualidad de personalidades y masas sociales que cada una tenga capacidad para adptar las decisiones internas que le conciertan en referencia a sus socios y su organizacion»
«Se hace evidente pues que para cualquier sanción a un asociado debe ser acordada por su propia asociacion, por lo que la misma será la unica que tenga legitimacion»
«Nos encontramos con entes jurídicos diferenciados»
