El Gobierno de España está dispuesto a sacar adelante las anunciadas ayudas al sector agrario como consecuencia de la pérdidas de rentabilidad y el hundimiento de precios en origen de gran parte de cultivos -entre estos los cítricos-, lo que desató una oleada de históricas manifestaciones en toda España durante el pasado mes de febrero. Así las cosas, el pleno del Congreso debatirá y votará este próximo miércoles las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar la crisis del campo a través de un decreto ley y que, tras la suspensión de la actividad parlamentaria por la expansión del virus Covid-19, corría el riesgo de caducar.
Esta medidas está ya en vigor, pero conforme a la Constitución debe someterse a debate y votación en el Pleno del Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso contrario, su derogación. Entre las principales medidas aprobadas a iniciativa del Ejecutivo central está la modificación de la ley de la cadena alimentaria, que prohibirá las prácticas de competencia desleal, así como reforzar los contratos escritos, donde será obligatorio incluir los costes efectivos de producción, para dar garantía y fiabilidad a la valorización de su trabajo.
Evitar abandono de tierras
Las medidas del ministerio de Luis Planas tratan de «evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores)». Por eso, la nueva norma introduce el coste de producción como «elemento obligatorio» en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios. De este modo, se incorpora, como cláusula obligatoria, incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado cubre costes de producción.
Todo ello en un Pleno en el que la atención la copará tanto la posibilidad de prorrogar el Estado de alarma vigente, si el Gobierno así lo decide, y como los tres decretos leyes con medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar la crisis desatada por la emergencia sanitaria del coronavirus. Planas, defenderá el decreto con el que busca garantizar precios justos a los productores, que cubran los precios de producción y eliminar la 'venta a pérdidas'.
La modificación de la Ley de la cadena alimentaria contempla como principal novedad la obligación de los operadores del mercado de abonar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto. Este coste de producción debe incluirse como elemento mínimo en los contratos. También se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ningún operador anterior su riesgo empresarial derivado de su política comercial y se prevé la publicidad de infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios pero también punitivos.
