La transparencia -mejor dicho, su ausencia en tantos casos- estuvo detrás de los escándalos que arruinaron la reputación de la banca durante la crisis financiera como las cláusulas suelo o las participaciones preferentes, vendidas a los clientes en muchas ocasiones sin las debidas explicaciones sobre las consecuencias de estos contratos. La Justicia remedió buena parte de los cientos de miles de casos que han surgido derivados de aquellos productos financieros. Y el Banco de España, como entidad supervisora, sigue muy pendiente del cumplimiento de la normativa de transparencia y protección de los clientes.
En consecuencia, la institución inspeccionó el año pasado la actuación a este respecto de cinco bancos y les impuso multas a todos ellos. La memoria de supervisión bancaria que hizo pública ayer no identifica ni el importe económico de las sanciones ni cuáles son las entidades infractoras, aunque detalla algunos de los motivos que le han llevado a actuar, tales como no entregar debidamente información precontractual y contractual, calcular erróneamente la tasa anual equivalente (TAE) al no incluir los gastos de formalización o los costes vinculados, realizar un control insuficiente de las gestorías o por un indebido cobro de comisiones. El supervisor indica que a cierre de 2019 están en curso expedientes contra una cooperativa de crédito y dos bancos por incumplimiento de la mencionada normativa y otro respecto de un banco para verificar si ha aplicado correctamente el Código de Buenas Prácticas.
Recursos propios
Por otro lado, el Banco de España abrió expediente sancionador contra 41 cargos y directivos de una entidad sistémica (una de las grandes firmas financieras del país) siguiendo una instrucción del Banco Central Europeo (BCE). El informe, actualmente suspendido, se refiere a incumplimientos relativos, entre otros, a los requerimientos de recursos propios. Asimismo, ha sancionado a una entidad no sistémica y a ocho consejeros (uno de ellos, inhabilitado) por la comisión de una infracción muy grave en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones y de otra grave en materia de control interno.
El Banco de España también abrió un expediente contra una sociedad de garantía recíproca y 32 cargos de administración y dirección por incumplir un requerimiento previo en materia de control interno, que finalizó con la imposición de sanciones a la citada entidad y a 17 consejeros directivos. No es la primera vez que el supervisor multa a una SGR. En 2017 lo hizo con la valenciana. Le impuso 130.000 euros por no tener el adecuado nivel de recursos propios durante el proceso de reestructuración que finalmente salvó a la sociedad.
Respecto a la supervisión de la actividad publicitaria de los bancos, que vela por que los clientes reciban información clara, suficiente, objetiva y no engañosa, la institución remitió el año pasado 441 escritos de requerimientos de cese o rectificación. Por último, el Banco de España recuerda que desde 2014 ha realizado 650 actuaciones supervisoras que se materializaron en 26 expedientes sancionadores, 218 escritos de requerimientos y 469 de recomendación.
