La batalla por los horarios comerciales, es decir, por los días que un establecimiento puede abrir, no descansa en la C. Valenciana ni en tiempos de tribulaciones como este. La Delegación del Gobierno en la C. Valenciana emitió el jueves una orden decretando que las tiendas autorizadas para abrir dentro del estado de alarma tendrían que cerrar cada día a las 7 de la tarde. Sin embargo, horas después, y tras la queja de la patronal autonómica CEV, daba marcha atrás y anulaba su propia resolución.

El primer documento, del 26 de marzo y firmado por Gloria Calero, fijaba dos directrices para el comercio valenciano: la primera es el ya mencionado cierre a las 19 horas de los establecimientos que tengan permitida su apertura. Es decir, que los supermercados, farmacias, quioscos, veterinarias, estancos, etc. deberían adelantar su cierre.

Es un horario, por ejemplo, que ya ha adoptado Mercadona, recortando su jornada, pero cada operador está siguiendo sus propias estrategias. Consum, por ejemplo, aguanta hasta las ocho.

La Delegación del Gobierno se apoyaba en la situación de excepcionalidad para limitar el horario: «Vista la situación de presión sobre el comercio abierto al público; atendiendo a la necesidad de descanso de las personas que los atienden y las que los sirven de productos, transportándolos; a la necesidad de disponer de tiempo para la limpieza y desinfección de los locales, así como para la reposición ordenada de las mercaderías; y finalmente, a la necesidad de limitar los desplazamientos de la población en general, resulta necesario adoptar medidas de restricción de la libertad de horarios y de apertura», justificaba el texto.

Favorecer el descanso y logística

Además, esa resolución del jueves limitaba también la apertura en domingos y festivos de un tipo de tienda muy concreto, que goza de libertad horaria: los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados. Con todo, sí que podrían seguir abriendo en domingo las tiendas de conveniencia, las tiendas de las gasolineras o panaderías. La prohibición, según parece, solo iba a afectar a esos colmados que suele regentar población extranjera.

Sin embargo, un día después, es decir, ayer, la misma Delegación del Gobierno emitió una segunda comunicación, dejando sin efecto la resolución de la víspera. Lo hizo tras las quejas de los empresarios: «La Confederación Empresarial de la C. Valenciana (CEV), que aglutina a las organizaciones más representativas del sector de comercio (Anged, Asucova y Confecomerç), así como a la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) ha manifestado su disconformidad con la Resolución de la Delegación del Gobierno en la C. Valenciana, por la que se limita el horario comercial, entre otras razones porque existe una autorregulación de los sectores afectados por la Resolución, que está dando una respuesta adecuada a las necesidades de abastecimiento de la población y que evita además la concentración de personas, en los establecimientos comerciales que tienen un mayor margen para su organización y logística», reza el documento.

Además, también da cuenta del malestar de los empresarios por no haber recibido ninguna notificación previa del cambio de horarios que se quiso imponer en un sector, precisamente, acostumbrado al diálogo con la administración en los últimos años.

La culpa, de la conselleria

La delegada del Gobierno, con todo, responsabiliza de este entuerto a la Conselleria de Economía en la propio resolución anulatoria: «Ante la falta de coordinación existente entre la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y los sectores implicados procede por parte de esta Delegación del Gobierno dejar sin efecto», la citada resolución.