Las empresas se enfrentan a un nuevo horizonte desconocido en esta crisis: la paralización transitoria de todas las actividades productivas no esenciales, como la construcción y buena parte de la industria, y la obligación de que los trabajadores devuelvan a la empresa los días -hasta el 9 de abril- que van a estar en sus casas. El director de relaciones laborales de la patronal valenciana CEV, Arturo Cerveró, lo tiene claro: la medida es inédita y puede tener como consecuencia un aumento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ya de por sí disparados desde la declaración del estado de alarma.

Y es que las empresas que operan en estos sectores no figuraban hasta ahora entre aquellas que podían acogerse a la figura del ERTE por fuerza mayor vinculado al coronavirus, que implica una rebaja del 75 % de las cotizaciones sociales, el abono del paro a los trabajadores sin que consuman el que tengan acumulado y la obligación de no despedir a nadie hasta seis meses después del fin del expediente temporal. Cerveró explica que la nueva medida implica ampliar el abanico de empresas que se pueden acoger al ERTE por causa de fuerza mayor, aunque estas mercantiles pierden la opción del expediente por motivos económicos, que es más caro -se paga el 100 % de las cotizaciones- pero cuya aprobación no depende de la discrecionalidad de la administración, a diferencia del de fuerza mayor, al que estas firmas podían acogerse pero sin esperanzas de que el ERTE les fuera aprobado. Ahora, como es el Gobierno el que paraliza su trabajo, solo pueden presentar este último tipo de expediente.

De momento, las empresas de estos sectores deben echar el cierre a sus instalaciones y mandar a casa a sus empleados. Según Cerveró, cuando finalice el período de aplicación del decreto, la dirección de las compañías y los representantes de los trabajadores deberán sentarse a negociar y decidir cómo se compensa el permiso retribuido. Hay varias cuestiones sobre la mesa. Una de ellas es determinar cuántos días u horas hay que recuperar, porque ese período incluye la Semana Santa, con uno o dos días festivos, según las autonomías. Además, deberán determinar el cuándo. Hay de tiempo hasta el 31 de diciembre y cada empresa debe pactar, según sus necesidades, si lo hace de un tirón porque tenga pedidos que resolver, o de forma escalonada. Se podrá alargar la jornada o trabajar los sábados, pero no más porque hay que permitir el descanso semanal. Según Cerveró, las dos partes también pueden acordar si esas jornadas se compensan mediante el consumo de vacaciones.

El directivo de la patronal, quien recordó que el permiso no afecta a los trabajadores que estén teletrabajando, aseguró que a partir del 9 de abril, siempre y cuando el Gobierno no alargue ese plazo, las empresas de estos sectores no esenciales podrán volver a presentar ERTE por causas objetivas por la eventual caída de la actividad.