Unos 500.000 autónomos, de los 3,2 millones que hay en España, han solicitado la nueva prestación por cese de actividad desde que arrancó la crisis del COVID-19, según ha detallado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Desde el Ministerio de Inclusión también ha apuntado que hay unas 250.000 personas de baja por accidente laboral relacionado con el COVID-19 de los que 65.000 son por contagio y el resto al verse afectados por cuarentena por estar en contacto con enfermos.
Durante una rueda de prensa telemática para valorar los datos de empleo conocidos este jueves, Escrivá ha reiterado el compromiso de poner en marcha "lo antes posible" la renta mínima en la que el Gobierno sigue trabajando, pero que hay aspectos que analizar, como otras prestaciones ya existentes que habría que incluir en ésta y también coordinarse con las que tienen las Comunidades Autónomas.
El ministro de Seguridad Social ha reconocido que, con todos los gastos asociados al COVID-19, el déficit va a elevarse de forma "significativa, pero transitoria", que está "perfectamente justificado" y exento del marco de disciplina fiscal y que requerirá aumento de la emisión de deuda publica "como van a hacer todos los países".
Sobre proyecciones de destrucción de empleo para los próximos meses, Escrivá ha apuntado que es difícil hacer previsiones, pero que "el grueso" se habría producido ya en marzo.
Y también ha evitado dar plazos de cuándo podría haber una recuperación plena del empleo tras esta crisis.
La Seguridad Social perdió 833.979 afiliados al cierre de marzo por el impacto del COVID-19, marcando así la mayor caída de su historia y dejando el número de cotizantes en 18,4 millones, mientras que el paro registró el mayor aumento mensual de la historia con 302.265 nuevos demandantes.
