Dos clásicos de este colectivo -la banca y las compañías telefónicas- han dejado, al menos de momento, de estar entre las principales preocupaciones de los consumidores. La crisis del coronavirus y la paralización del país están generando nuevos quebraderos de cabeza a los ciudadanos. Las cuotas de servicios como los gimnasios, el cierre de según qué establecimientos o el alquiler de viviendas para estudiantes son algunas de las cuestiones sobre las que los usuarios dudan y por las que consultan a las organizaciones que les representan. Y casi en avalancha.

Así lo confiesa a este diario el asesor jurídico de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), Francisco Rodríguez. Una de esas cuestiones, por la «que nos están llamando muchas madres», es el arrendamiento de viviendas para estudiantes. El cierre de las universidades ha provocado el regreso a sus lugares de origen de muchos jóvenes desplazados a las grandes ciudades para realizar sus estudios. La duda es si deben seguir pagando o no por el piso. Rodríguez les explica que, «siendo un contrato entre particulares, como la legislación derivada del estado de alarma no ha suspendido esos contratos, han de pagar. Nosotros aconsejamos que no judicialicen el asunto. Es mucho mejor que las partes lleguen a un acuerdo, por ejemplo para reducir las cuotas del cliente durante el período sin servicio».

Otro ámbito polémico es el de los servicios que se han abonado con anterioridad y por un período largo, pongamos un año. Es el caso de los gimnasios, las guarderías, las academias de idiomas o los colegios privados. De nuevo, la incógnita es ¿deben devolverme el dinero si no estoy haciendo uso de esos establecimientos? Rodríguez explica que la normativa legal no establece explícitamente la devolución y deja la resolución del conflicto a un acuerdo entre las partes. Un caso similar a estos es el de lo viajes de fin de curso, que tantos centros educativos ya habían preparado a estas alturas del año. En todos los supuestos, la Unión de Consumidores defiende que el usuario «tiene derecho a la devolución de los importes pagados si el servicio no se presta». Ahora bien, se puede llegar a soluciones intermedias. Por ejemplo, si el abono es anual y el cierre del local al final es de un mes, se puede alargar la duración del contrato a trece meses. O a catorce, si son dos. En el supuesto de que los pagos sean mensuales, la prestataria del servicio puede conceder un mes gratis suplementario.

A este respecto, Rodríguez critica que una mayoría de empresas están respondiendo a los usuarios con la vieja práctica de «la callada por respuesta». Relacionadas con estos últimos casos, la citada organización también ha recibido numerosas consultas de personas que se han visto afectadas por un expediente de empleo temporal. La merma de ingresos les obliga a hacer una reducción de sus gastos para dejar de afrontar aquellos que en esta nueva situación considera prescindibles. Por ejemplo, el gimnasio. ¿Cómo resolver esos contratos si son por un año?. Rodríguez recomienda otra vez llegar a acuerdos «y que las empresas accedan a resolver el contrato sin penalización, para que estas personas se puedan quitar sin costes gastos que son superfluos».

Estrechamente vinculado esto, afirma que también hay que tener en cuenta que pequeños comerciantes, autónomos o microempresas tampoco son culpables de la situación generada por el virus, que han visto cómo sus ingresos caían en picado y que, por tanto, «el consumidor tiene que ser generoso, si puede».

Sin quejas relacionadas con los supermercados y sí algún malestar expresado por el precio de productos sanitarios como geles o mascarillas, otras consultas numerosas en los últimos días han sido las de empresas que no sabían si podían seguir abiertas porque ni sus propios gestores les aclaraban si estaban o no incluidas en los decretos gubernamentales.