La semana comenzó con desconcierto, enfado y enredo entre el sector del comercio y la Conselleria de Economía, y así ha terminado. Y contraviniéndose además desde la administración autonómica una orden del Ministerio de Industria y Comercio. La Generalitat ha decidido mantener la resolución publicada este miércoles en el DOGV y que supone la supresión temporal, mientras dure el estado de alarma, de las zonas de gran afluencia turística (ZGAT), es decir, aquellas donde el comercio puede abrir en domingos y festivos. Lo hace pese a que el Gobierno le recordó este jueves que esa resolución «no resulta aplicable».
La conselleria canceló las ZGAT básicamente porque se acerca la Semana Santa, y este domingo, por ejemplo, iban a abrir los hipermercados Carrefour así como los supermercados de El Corte Inglés o los Alcampo en la ciudad de València y en algunas localidades costeras que gozan de régimen especial de afluencia turística. El domingo 12 de abril también podían abrir.
La conselleria entiende que, sin turistas y con la idea de reducir al mínimo la circulación de las personas en este estado de confinamiento, tenía más sentido que en estas próximas semanas se abriera de lunes a sábado con el domingo cerrado. Por eso también se declaró la apertura de la distribución alimentaria el Lunes de Pascua, que antes de la covid se preveía día de cierre.
El sector entendió la idea de Comercio y lo asumió, aunque a regañadienteslo asumió, aunque a regañadientes. En vísperas de Semana Santa, esto obligaba a reorganizar plantillas, en un momento ya de por sí complicado. Cadenas como El Corte Inglés, que abre sus supermercados en domingo siempre que puede, anunció públicamente que su horario iba a ser de lunes a sábado, así como el Viernes Santo y Lunes de Pascua.
El capítulo estaba cerrado pero el miércoles el Gobierno dijo la suya. La trama se complica. El Ministerio de Comercio ya había advertido el miércoles en una reunión con las autonomías que no era momento para cambiar las normativas territoriales. Además de la valenciana, otras autonomías habían anulado, o pretendían anular, las zonas de gran afluencia turística.
El jueves reforzó ese mensaje con una orden clara, a través de una carta de la secretaria de estado de Comercio a las autonomías. Tras analizar jurídicamente la cuestión de la suspensión temporal de las zonas de gran afluencia turística, el Estado marcaba su territorio: «Una medida de este tipo debería adoptarse por una norma estatal con rango de ley o por la autoridad competente teniendo en cuenta las atribuciones previstas en el Real Decreto 463/2020. Por lo tanto, cualquier orden o resolución ya adoptada o que se adopte en este sentido no resulta aplicable por no ser conforme al reparto competencial vigente». Es decir, que la Generalitat no podía hacer lo que ha hecho.
Presión del ministerio
El ministerio, de hecho, hizo pública este viernes su posición con una nota de prensa llamando a las autonomías a «mantener y respetar» las regulaciones previas a la declaración de estado de alarma. La Conselleria de Economía se dio por aludida y, preguntada por este diario, trasladó que se «asume el criterio del ministerio» y «se declara sin efecto la resolución» publicada dos días atrás, tal como reseñó Levante-EMV en su edición digital.
Eso fue por la mañana. Pero esa rectificación, con todo, quedó abortada antes de ser enviada al DOGV. ¿Por qué? Básicamente porque la patronal valenciana CEV, que agrupa a las cadenas de supermercados y grandes almacenes, así lo ha pedido. No estaban dispuestos a volver a cambiar la planificación de sus plantillas por segunda vez en una semana. Y para evitar el desconcierto a los consumidores, en un momento especialmente delicado. Ya estaba todo organizado y comunicado. Dejarlo todo como esta era la opción menos mala.
