17 de abril de 2020
17.04.2020
Levante-emv
Crisis del coronavirus

Ingreso mínimo vital: una "urgencia" ante la escalada súbita de la pobreza

Las entidades sociales alertan de que desde que comenzó el confinamiento las familias sin ingresos que piden ayuda se han multiplicado

17.04.2020 | 09:02
Una madre, junto a su hija, en el centro maternoinfantil de Cáritas en Badalona.

Mientras el Gobierno se debate, interna y públicamente, sobre cuándo y cómo pondrá en marcha el nuevo ingreso mínimo vital, las entidades sociales le piden "extrema urgencia" y "rapidez" ante los estragos que está causando la actual crisis del coronavirus en los colectivos más vulnerables. Pues la cifra de los casi cinco millones de hogares, según los varemos del Eurostat del 2018, que en España vivían en la exclusión social antes del pandemia está escalando a marchas forzadas. El tercer sector y los sindicatos piden al Gobierno que proteja y asegure los ingresos de los más vulnerables para evitar así un brote de desigualdad una vez superada la actual emergencia. "Estas familias no pueden esperar. Y esta vez no se puede rescatar a los bancos, hay que salvar a las personas", pide el presidente de la Plataforma del Tercer Sector Social, Luciano Poyato.

"En la anterior crisis tardamos más de un año en ver caras nuevas pidiendo comida en la entidad. Ahora no llevamos ni un mes de confinamiento y ya estamos viendo caras nuevas", explica Guillermo Fernández, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española. Una afirmación que comparten las entidades sociales, pues la diferencia entre la recesión económica del 2008 y la crisis del coronavirus del 2020 es que las familias, esta vez, ya no tienen ahorros. Perder el trabajo, de lo que sea, significa quedarse sin nada. "Hace 10 años las familias tenían un colchón económico del que tirar los primeros meses, ahora esté colchón está deshilachado, por esto es tan necesario aplicar ya la renta mínima de ingresos. Si no tendremos un problema", sostiene el presidente de la Red Europea Contra la Pobreza (EAPN) en España, Carlos Usie. "Si tenemos que esperar varios meses, cuando salgamos del confinamiento nos encontraremos una sociedad dividida, polarizada y mucho más desigual. Hay que atajarlo cuanto antes, el Estado tiene que poner todos sus esfuerzos ahora", añade el presidente de la Plataforma Estatal del Tercer Sector, Luciano Poyato.

Sin reglamento en Cataluña

El coronavirus ha extremado la necesidad, pero hace ya 15 años que las entidades sociales insisten en una renta mínima para España. El último en sumarse fue Philip Alston, el relator de pobreza de las Naciones Unidas, tras visitar el país durante varias semanas. Para las oenegés, es esencial acabar con la "desigualdad" del sistema de ayudas autonómicas. La renta mínima en Euskadi varia de 700 euros a mil euros al mes por hogar, y proteje a 32 de cada mil hogares vascos. En Andalucía, en cambio, cada hogar percibe entre 400 o 800 euros mensuales, pero este fondo solo llega a dos de cada mil familias. En el caso de Catalunya, la renta sigue sin tener reglamento que regule el acceso, y la ayuda solo llega al 40% de los hogares que viven en la pobreza severa. "En función de donde vivas, la administración de va a arropar o no, por esto es necesario garantizar almenos un ingreso mínimo vital, que luego las autonomías puedan suplir o implementar".

El Gobierno busca asistir a dicha urgencia con el que será el primer proyecto de renta mínima a nivel estatal. Pues si bien existen múltiples modelos que aplican las diferentes comunidades autónomas, hasta la fecha no se ha llegado a poner en marcha uno conjunto. "Somos un caso único en la Unión Europea", explica el catedrático de economía en la Universidad de Sevilla y autor de 'La Renta básica'. Sí ha habido proyectos previos que no han llegado a ver la luz. Uno de los últimos lo elaboró el propio ministro Escrivá, cuando era presidente de la Airef. Dicha propuesta estaba enfocada en reducir las tasas de pobreza severa, es decir, aquellas personas con unos ingresos que representen el 30% del ingreso mediano. Y estimaba que con una inversión bruta de entre 3.500 y 5.500 millones de euros (dependiendo si se eliminaban o no las duplicidades con las autonomías) podría reducir sacar a 1,8 millones de hogares de la pobreza severa.

Pocos detalles

Años antes, en el 2017, CCOO y UGT llevaron al Congreso de los Diputados su propia propuesta de 'prestación de ingresos mínimos'. Similar esta en algunos aspectos a la propuesta puente que manejó inicialmente el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El subsidio de CCOO y UGT pretendía llegar a 1,9 millones de personas, todas aquellas que tuvieran un ingreso menor al 75% del salario mínimo de aquel entonces, que era de 707,7 euros al mes. Planteaban hacerlo mediante un pago de 430 euros mensuales y estimaba para ello un coste de 9.931 millones de euros anuales.

Los pocos detalles que han trascendido del ingreso mínimo que diseñan desde el ministerio de Escrivá guardan más similitudes con el modelo de la Airef que con el de los sindicatos. Esta tomará como unidad la familia. "Tiene ventajas e inconvenientes. Lo lógico sería que fuera por persona, que es donde reside el sujeto de derechos. Si es por hogar puede ser más fácil para la administración, pero puede haber el riesgo de que sea el hombre el que monopolice la gestión", considera Torres.

Se desconoce la cuantía, aunque para la economista y fundadora de Ksnet, Elena Costas, "es básico fijar tramos por rentas, no puede ser que por cobrar un euro más o menos de lo que fija la ley una persona ya no pueda cobrar la prestación", afirma. También una flexibilidad por territorios, pues "no es lo mismo el ingreso mínimo necesario para subsistir en Madrid o Barcelona que en otros sitios", añade. Ambos economistas coinciden en que un elemento clave es que dicho ingreso mínimo vital sea compatible con el trabajo y rechazan que el hecho de cobrarlo promueva que los beneficiarios permanezcan inactivos. "Puede ser un desincentivo para los empleos muy precarizados", señala Costas.

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