La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un duro varapalo al V Acuerdo Marco de la Estiba -pacto de ámbito estatal que sirve de guía para los puertos de toda España y que, en teoría, debería adaptarse a los requisitos de liberalización del que exige la Unión Europa- porque advierte que algunas previsiones del borrador de esta norma laboral «plantean riesgos» sobre la competencia y por este motivo ofrece alternativas para mitigar tales desviaciones. El nuevo informe de Competencia, tras la larga y conflictiva reforma de la estiba iniciada en 2017, vuelve a dejar en el aire el futuro del convenio colectivo de este sector en el Puerto de València, que afecta a 1.500 trabajadores.
El organismo presidido por José María Marín Quemada recomienda en su resolución «no conceder privilegios» a los centros portuarios de empleo (las empresas de estiba que se han constituido en los recintos portuarios) frente a otros posibles prestadores de servicios de provisión de trabajadores o de servicios de formación. Y pide que se facilite la movilidad laboral de todos los trabajadores de la estiba portuaria.
Competencia aconseja evitar que la exigencia de un mínimo de un 75% de personal fijo «afecte a la competencia entre las empresas estibadoras, y equiparar a centros portuarios de empleo y Empresas de Trabajo Temporal (ETT) a efectos de poder acreditar el cumplimiento de las obligaciones de empleo fijo a través del personal de estas».
Pendientes de Ábalos
La CNMC ha elaborado un informe sobre el borrador del V Acuerdo Marco de la Estiba en respuesta al Ministerio de Transportes. Competencia aconseja extremar las cautelas para evitar riesgos sobre la competencia en el ejercicio de las funciones de formación de trabajadores. El ministerio gobernado por el valenciano José Luis Ábalos todavía no se ha pronunciado sobre el nuevo aviso de la CNMC al acuerdo entre patronal y los sindicatos de la estiba, que afecta a 7.000 trabajadores en España.
La regulación del ámbito de la estiba portuaria ha experimentado importantes modificaciones tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. En dicha decisión judicial se condenó a España por imponer a las empresas estibadoras la obligación de participar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y contratar con carácter prioritario a trabajadores de la Sagep y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente.
Además, Competencia ya advirtió que los acuerdos entre patronal de estiba y sindicatos «implicarían una imposición de condiciones comerciales entre operadores que, al ir más allá del ámbito propio de la negociación colectiva, constituirían una restricción al ejercicio de derecho de separación y por tanto a las condiciones de libre competencia que pretendían garantizar con el cambio normativo acaecido tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE». De hecho, la Dirección de Competencia cuenta desde el 12 de noviembre de 2018 con una propuesta de resolución del expediente abierto en 2017, que derivaba en una multa de 7 millones de euros.
Coordinadora, sindicato mayoritario en el sector y liderado por Antolín Goya, tiene previsto sentarse a negociar con la patronal Anesco en los próximos días.
