El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) asegura que aunque las previsiones en España y en la Comunitat Valenciana pronostican una recuperación en 2021 tras la debacle por la pandemia del covid-19, «como mínimo hasta 2022, no regresaremos al nivel de bienestar que disfrutábamos antes del inicio de esta crisis». Así lo indica en su informe encargado por la Generalitat y que servirá de 'hoja de ruta' para la reconstrucción de la economía. Y lanza una advertencia contundente: el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante ha divergido del de España y hoy es un 12 % inferior a la media de España, una brecha que se explica, en gran parte, por la menor productividad de la economía valenciana.
Con este escenario de partida y una situación catastrófica en todos los indicadores, sobre todo en el mercado laboral -ya hay algo más de 407.000 trabajadores en situación de suspensión temporal de empleo- el IVIE plantea medidas que mejoren la productividad y avanzar en la sociedad del conocimiento y pide corregir la infrafinanciación para caminar hacia la recuperación en igualdad de condiciones con el resto de España. Así lo expusieron ayer los coordinadores de este estudio, Francisco Pérez y Joaquín Maudos, al presidente del Consell, Ximo Puig, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de Les Corts.
Las debilidades del tejido empresarial -más allá de su reducido tamaño- limitan los avances de la economía. Una excesiva inversión en activos inmobiliarios lastra la productividad de los capitales y la Comunitat Valenciana es la tercera con mayor peso de esos activos en el capital privado: un 4% por encima de la media. También advierte el instituto que la autonomía está especializada en actividades que consiguen un valor añadido por ocupado, y poco en los más productivos (telecomunicaciones, productos farmacéuticos, informática, material de transporte y eléctricos o servicios avanzados, entre otros).
Líneas estratégicas
El amplio documento del IVIE marca estrategias para la próxima década, hasta 2030, e invita a repensar los gastos públicos y la manera de contar con ingresos adecuados, poniendo encima de la mesa el debate sobre las prioridades del sector público y las fuentes de financiación. Para ello, considera prioritario basarse en dos criterios: «eficiencia y equidad», puntualizó Pérez.
En su opinión, hay que contar con un «horizonte financiero sostenible» y aludió en este sentido a la necesidad de dar solución a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana «tan duradera como injustificada». A este respecto, e informe constata que «la reconstrucción exige solidaridad a muchos niveles, y también en el interterritorial, porque la Comunitat Valenciana, ni por su nivel de renta ni por el trato financiero que recibe de los ingresos públicos, cuenta con los mismos recursos que otras comunidades para poner en pie su reconstrucción en condiciones similares a otras».
Saldo fiscal
De hecho, el IVIE constata la baja presencia del gasto público en una autonomía que debería por su nivel de renta per cápita recibir más de lo que aporta, es una rémora para el crecimiento valenciano. «La distancia entre el saldo fiscal que debería obtener y el que padece -que es negativo- resta un 3 % al PIB valenciano cada año, la cuarta parte de la distancia que nos separa en PIB per cápita de la media española», asegura este organismo. Además, indica que si las administraciones públicas gastaran por habitante lo mismo en todas las comunidades, la economía valenciana recibiría una inyección de demanda de 2.500 millones de euros más cada año. El impacto de este mayor gasto supondría un incremento del PIB regional de 2.973 millones de euros (+3,05 %) y 47.877 ocupados más (+2,69 %).
El análisis del IVIE menciona «las limitaciones del sector público valenciano para ejecutar políticas de desarrollo regional, como consecuencia de su financiación claramente inferior a la media de las comunidades. Mantener unos niveles de gasto por habitante en sanidad y educación similares a la media supone un esfuerzo financiero mayor para la Generalitat y reduce sustancialmente los recursos disponibles para el resto de políticas, en especial para las de fomento del desarrollo regional. Las consecuencias de esa situación son más graves en las actuales circunstancias», argumenta. Por otro lado, el IVIE aboga por relocalizar actividades industriales, aumentar el tamaño de las empresas e insiste en que la sostenibilidad financiera de sector público condiciona el futuro.
Tres líneas estratégicas
El informe agrupa las respuestas a los retos de la situación creada por el coronavirus en torno a tres grandes líneas estratégicas. La primera es gestionar el avance de la sociedad del conocimiento, la digitalización y el trabajo del futuro para aprovechar sus muchas oportunidades. Además, aboga por adaptar el tejido productivo a ese nuevo escenario que emerge de las tendencias de cambio tecnológicas, sociales y económicas para que sea una normalidad mejorada.
Y en tercer lugar, apuesta por la modernización del estado del bienestar y la gobernanza de lo público, promoviendo un desarrollo sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, desde una perspectiva económica, social y medioambiental.
