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Los contratistas piden que la inversión en la C. Valenciana en Cercanías sea por concesión

La patronal apunta que el sector privado puede adelantar los 2.000 millones previstos para agilizar las obras del tren

Los contratistas piden que la inversión en la   C. Valenciana en Cercanías sea por concesión

Los contratistas piden que la inversión en la C. Valenciana en Cercanías sea por concesión

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) pidió ayer que la inversión prevista de 2.000 millones de euros para la mejora de la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana sea por concesión. La patronal defiende que el sector privado puede adelantar el dinero presupuestado para agilizar las obras del tren y que el Estado comience a pagar por el uso cuanto terminen los trabajos «dentro de cuatro años». Julián Núnez, presidente de Seopan, insistió en la necesidad de que en estos momentos de crisis España apueste por el «modelo concesional» como hace Estados Unidos que ha adjudicado a Renfe la línea de alta velocidad entre Dallas y Houston con un contrato de 5.600 millones de euros.

«Una ventaja de este tipo de modelo es que permite generar ya puestos de trabajo y el Estado empezaría a devolver el canon dentro de cuatro años cuando la economía se haya recuperad0», subrayó Núnez durante un encuentro telemático en Nueva Economía Fórum. El representante de los contratistas defendió que además de para la red valenciana las concesiones se podrían aplicar para la mejora del servicio de Cercanías de Cataluña (5.000 millones de euros previstos) y el de Madrid (4.000 millones).

Seopan propuso ayer al Gobierno la activación de un plan de obras a diez años con un presupuesto de 157.000 millones de euros con el fin de construir dotaciones e infraestructuras prioritarias para el país y que, al tiempo, el sector se convierta en palanca de la recuperación económica. «No proponemos un nuevo plan E», aseguró Julián Núñez. «Son inversiones de rentabilidad económica y social», añadió. Se trata de un conjunto de todo tipo de obras prioritarias que, según la patronal de contratistas, España necesita para modernizar sus dotaciones, cubrir determinados déficits, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) fijados para 2030 y relanzar la economía. Según Seopan, este macroprograma de inversión permitiría generar 2,36 millones de nuevos empleos. Al mismo tiempo, incentivaría la actividad económica inducida por valor de 144.870 millones de euros y generaría un retorno fiscal de 77.159 millones de euros.

El plan estima que España debería invertir 21.400 millones de euros para aumentar la capacidad hospitalaria del país. El colectivo mantiene que esta inversión equivaldría a construir y ampliar hospitales para dotarlos de capacidad para unas 56.303 camas más.

El presidente de Seopan defendió que su plan es realista siempre que se apueste por la colaboración público-privada. «Soy consciente de la coyuntura que tenemos. La clave es la colaboración público-privada. El modelo de concesiones está desaparecido de España desde 2012. En los diez años previos a 2008 hubo 30.000 millones de euros de inversión vía concesiones. Este sistema de concesiones funciona en todo el mundo. No es coherente que un país como España se quede rezagado», subrayó el representante de los contratistas.

Las concesiones son contratos por los que las constructoras adelantan la inversión para construir una infraestructura y posteriormente la recuperan durante su explotación bien cobrando peaje a los usuarios o un canon anual a la Administración.

El presidente de la patronal insistió en la necesidad de que el Estado cobre un peaje por circular por la red de autovías del país con el fin de obtener fondos para su mantenimiento y que deje así de depender de las arcas públicas, ante el «mayor gasto social» derivado de la crisis. En la actual coyuntura del país, con el incremento del gasto social derivado de la crisis, es un debate que habría que abrir en cuanto se pueda», apuntó Núñez. El presidente de Seopan insistió en que es una fórmula que se aplica en 23 países de la Unión Europea y que «permitiría que el mantenimiento de la red de carreteras se financie con los recursos de los usuarios de las mimas y no con cargo a todos los contribuyentes».

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