La epidemia de covid-19 es la peor crisis sanitaria y económica desde la Segunda Guerra Mundial y su evolución genera una gran incertidumbre. Aunque el mundo camina hacia una lenta recuperación tras el confinamiento adoptado para frenar la expansión del virus, las consecuencias del parón -entre el 20% y el 30% en algunos países- serán duraderas y afectarán más a la población más vulnerable.

Es lo que constata la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último informe de Perspectivas presentado ayer y en el que baraja dos escenarios: el más optimista da por hecho que el virus sigue bajo control, el más pesimista, que habrá un rebrote a finales del 2020. España, uno de los países más azotados por la enfermedad, vería en este último caso desplomarse el PIB un 14,4% (un 11,1% si no hay rebrote) recuperando su crecimiento un 5% en 2021 o un 7,5% en el mejor de los escenarios. La economía española es la que más sufre en el conjunto de la OCDE junto a la francesa y la italiana, que registran desplomes del 11,4% y del 11,3% respectivamente, entre otras cosas por el peso del sector turístico, duramente impactado por epidemia. En el caso español, además, la crisis se deja notar en el mercado laboral y en la situación financiera de hogares y empresas.

La contracción se traducirá en una tasa de paro del 19,2% en el mejor de los escenarios y del 20,1% en el peor, un déficit que llegará al 10,3% del PIB este año (12,5% si hay rebrote) y una deuda pública del 139,5% o del 151,2% del PIB en función de la evolución del virus. La OCDE sugiere que, a medida que se inicia la recuperación de la actividad, los trabajos a tiempo parcial tienen que sustituirse gradualmente por políticas de empleo que ayuden a empresas y trabajadores de los sectores más impactados por la crisis a orientarse hacia actividades con mejores perspectivas a medio plazo.

El organismo con sede en París cree que algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar el golpe deben no solo mantenerse sino mejorarse para evitar que los efectos económicos de la pandemia deriven en problemas estructurales. Asimismo, recomienda una cooperación con el sector privado y con los gobiernos autonómicos para relanzar el sector turístico.