El proceso que ha puesto en marcha el Botànic para eliminar la prueba del ruido de la revisión de la ITV en la C. Valenciana va a encontrar resistencias. Y no solo de las empresas concesionarias que prestan este servicio privatizado en la autonomía. También de la parte sindical, que está especialmente preocupada por el impacto que pueda tener este movimiento.
Según explican fuentes de la federación de Industria de UGT, el movimiento de las consellerias de Economía y Medio Ambiente en pleno estado de alarma y sin aviso previo les ha pillado por sorpresa, y van a tratar de reunirse con el conseller de Economía, Rafa Climent, así como con la patronal de empresas concesionarias (Aecova), para tener un encuentro a tres bandas y analizar la situación.
Básicamente, el sindicato teme que la eliminación de la prueba del ruido, que va a provocar una merma de ingresos a las empresas y que se suma además a la rebaja de las tarifas aprobada ya el año pasado, pueda traducirse en despidos o en rebajas salariales para los 1.200 empleados de este servicio.
Como publicó ayer este diario, la Generalitat ha sacado a exposición pública el borrador de una modificación de la ley de Medio Ambiente que en 2004 instauró la sonometría como prueba obligatoria para todos los vehículos en las ITV de la C. Valenciana. Esta es la única autonomía donde es obligatorio. En el resto del país, solo la pasan las motocicletas y los ciclomotores. Eso es justo lo que pretenden adaptar la Conselleria de Economía y la de Medio Ambiente.
Se trata de una prueba polémica, establecida en época de Rafael Blasco y a la que se oponen tanto PSPV como Compromís. Sin embargo, la pasada legislatura la Conselleria de Medio Ambiente, en manos del sector ecologista de Compromís y de la que dependía esta modificación legal, enfrió los intentos de sus compañeros de gobierno para cambiar la norma. Finalmente, la modificación ha iniciado su tramitación administrativa, y hay plazo para presentar alegaciones hasta el 25 de junio.
Este movimiento se solapa con la batalla entre las empresas y el Consell por las tarifas, que el Botànic considera excesivas y que ha rebajado recientemente. La sonometría es precisamente una de las pruebas que se ha abaratado. Llegó a costar más de nueve euros, aunque su precio actual ronda los tres euros. El TSJ ha anulado recientemente esa bajada de tarifas. Y para terminar de complicar las cosas, la Generalitat está embarcada en estos momentos en un proceso para revertir el servicio a la gestión pública a partir de 2023.
En medio de este campo de batalla de varios frentes, los trabajadores temen convertirse en munición entre las empresas y la administración. En este sentido, CC OO confirma que al igual que UGT también va a alegar en este proceso participativo. Ambos sindicatos se posicionaron en contra de eliminar la prueba en 2014, por motivos ambientales y por el temor al impacto en el empleo. En este punto, desde CC OO entienden que es momento de equiparar los precios que abona la ciudadanía a los del resto de España, además de que la renovación de los vehículos ya no haría necesaria esa prueba extra.
Sin embargo, sí que van a reclamar a la Generalitat que blinde en este cambio legal que «no pueda usarse como excusa una merma de ingresos para reducir condiciones o empleo dentro entre el personal», señalan desde la federación de Servicios de CC OO.
