El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, defendió hoy durante su comparecencia en Les Corts "la importancia crucial" que tiene el desarrollo de la Ley de Estructuras Agrarias porque, según dijo, "es un instrumento fundamental que tiene que servir para que los agricultores dejen de socializar pérdidas, como ocurre actualmente, y pasen a democratizar los beneficios que puedan proporcionarles sus explotaciones", según informó a este diario la conselleria de Agricultura.

Las palabras de Mulero se producen un día después de que los líderes de la Unió de Llauradors, Carles Peris, y de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, se mostraran muy críticos sobre esta cuestión en la reunión que mantuvieron con la consellera de Agricultura, Mireia Mollà. En un comunicado, ambas organizaciones aseguraron que "si no está previsto poner en marcha" la citada ley "ni dotarla de un presupueso suficiente, que la deroguen y no hagan perder más el tiempo a los agricultores".

Rodríguez Mulero, al profundizar en su argumentación sobre este punto, recordó que el modelo estructural de la agricultura valenciana, caracterizado por un acusado minifundismo, "sirvió durante buena parte del siglo XX, y cuando prácticamente no teníamos competencia en los mercados europeos, para socializar y distribuir las ganancias, pero la situación ha cambiado mucho desde entonces y la consecuencia es que hemos pasado de socializar beneficios a socializar pérdidas".

Considera el secretario autonómico que el desarrollo de la Ley de Estructuras, que cuenta con el apoyo de las organizaciones agrarias y obtuvo un respaldo unánime por parte del parlamento valenciano, "tiene que servirnos precisamente para invertir esa tendencia". Remarcó que "no se trata en absoluto de que los agricultores pierdan la propiedad de sus parcelas para crear grandes latifundios, sino de apostar por fórmulas colectivas que propicien la puesta en marcha de unidades de producción viables y eficaces y, en definitiva, con una capacidad suficiente como para dar respuesta a las exigencias que plantea la realidad del mercado actual". Agregó Rodríguez Mulero que la puesta en marcha de la referida ley "no es sólo una cuestión de dinero, sino también de voluntad por parte de todos los implicados".

El secretario autonómico de Agricultura compareció hoy en Les Corts para explicar, entre otros asuntos, tanto el curso de las negociaciones como las líneas maestras de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), cuya aplicación estaba inicialmente prevista para el período comprendido entre los años 2021 y 2027.

Sin embargo, Rodríguez Mulero afirmó al respecto que "los efectos y las incertidumbres" causadas por la pandemia del Covid 19 han abierto un nuevo escenario que aún presenta no pocas incógnitas por despejar y que, muy probablemente, se traducirá en un retraso de los planes de aplicación de esa nueva PAC. A la vista del panorama generado por el coranavirus, el secretario autonómico de Agricultura no ve probable que la nueva legislación comunitaria "entre en funcionamiento antes de 2023", por lo que hasta entonces habrá que prorrogar la PAC actual y para ello "sera necesario contar con un reglamento de transición".

Pese al clima de incertidumbre reinante y al previsible recorte que puedan sufrir algunas partidas presupuestarias, no se esperan cambios ni en la filosofía ni en los objetivos que han venido alimentando las negociaciones en torno a la nueva PAC. El secretario autonómico de Agricultura adelantó que entre los proyectos que maneja Bruselas en materia agraria, y con la finalidad de contrarrestar los consecuencias negativas que ha tenido el Covid 19 sobre el sector, figura la posibilidad de inyectar 15.000 millones extra para los futuros planes de desarrollo rural.