La firma británica Intu Properties, promotora del megacomplejo Puerto Mediterráneo en Paterna con la empresa española Eurofund, entró ayer en concurso de acreedores al no haber podido llegar un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda y obtener liquidez, según informó la firma en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres.

Así, Intu ha nombrado como administradores concursales a James Robert Tucker, Michael Robert Pink y David John Pike, los tres pertenecientes a la firma de servicios profesionales KPMG. Ante esta situación, la firma ha solicitado a la Bolsa de Londres y a la Bolsa de Johannesburgo que suspendan la cotización de sus acciones con efectos inmediatos, después de sufrir un duro castigo en los mercados en los últimos tiempos.

Pese a que Intu ha solicitado la suspensión de la cotización de sus acciones, esta suspensión no afecta a la negociación de sus instrumentos de deuda, que incluye cerca de 2.300 millones de libras (2.532 millones de euros) en bonos y múltiples titulizaciones hipotecarias.

A pesar de la situación de la sociedad, Intu ha asegurado que los centros comerciales de los que es propietaria seguirán funcionando con normalidad. En España, Intu es dueña al 50% del centro comercial madrileño Xanadú. La otra mitad pertenece al fondo Nuveen Real Estate.

La empresa ha asegurado que la situación de las filiales no cambia, ya que los contratos de los inquilinos son con estas sociedades y no con las que entran en administración concursal. «Las empresas operadoras de centros comerciales tienen o se espera que lleguen a acuerdos de servicio con los administradores de la sociedad matriz para garantizar la continuidad de la prestación de servicio», ha subrayado Intu.

Todo indica que la delicada situación de la matriz no va a tener, al menos de momento, consecuencias para el proyecto de macro centro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo en Paterna que promueve Intu junto al grupo español Eurofund Investment, en una joint venture. La intención de Eurofund es seguir adelante a pesar de las numerosas trabas administrativas y políticas que está encontrando esta iniciativa y que lleva años demorando el inicio de la inversión y ya busca otros socios. Las discrepancias con la Generalitat, fundamentalmente Compromís, han llegado incluso al plano judicial. Eurofund ya baraja diferentes opciones para encarar su futuro en València. El proyecto, modificado en el tiempo, contempla invertir 800 millones de euros.