El Gobierno ha autorizado reducir en el sector del cava el rendimiento máximo por hectárea para la vendimia de 2020 en un 17% con el objetivo de restringir la producción y evitar así que haya grandes excedentes y bajen los precios en un contexto marcado por la pandemia. Esta medida afecta de lleno a los cientos de productores de uva de Requena y a la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, que agrupa a siete bodegas valencianas.
El consejo regulador de la DO Cava aprobó el pasado mes de mayo una reducción histórica de kilos por hectárea de uvas que se podrán recoger esta próxima vendimia. Se baja hasta 10.000 kilos, 2.000 menos que el año pasado, un 16,6% menos. Nunca antes se han marcado unos rendimientos tan bajos en España para elaborar espumosos. En cambio, no se reducirá el rendimiento de prensa a las cavas.
Se había propuesto reducir del 66 al 63% lo que se podría obtener con el prensado de las uvas, lo cual habría supuesto 11 millones de litros de mosto menos. No se tocarán estos rendimientos a cambio de la promesa de grandes elaboradores de comprar más uvas esta vendimia, que se vuelve a presentar muy caliente. Con estas medidas se quiere mitigar, en parte, los grandes excedentes que tiran a la baja los precios de las uvas y el vino. Se calcula que a 31 de julio los excedentes de vino base Cava pueden llegar a 85 millones de litros, casi el doble de lo que hace falta.
La decisión del Gobierno desprende de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se recuerda que la caída del negocio en bares, restaurantes, bares, fiestas y eventos «está afectando notablemente al sector del vino en general, y al amparado por la DOP Cava en particular».
La petición llegó a la Dirección General de la Industria Alimentaria el 5 de junio y ninguna de las comunidades autónomas implicadas (Comunitat Valenciana, Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco) se ha opuesto a la medida.
Desde la Denominación de Origen Cava recordaron hace un mes que nunca antes se habían adoptado «restricciones productivas tan a la baja», y destacaron que estas medidas son necesarias debido al «gran desequilibrio entre la oferta y la demanda», por lo que sería «irresponsable» seguir aumentando la producción.
Recientemente la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló los apartados segundo, cuarto, quinto y sexto de la Resolución de 27 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura por el que se autorizaba sólo 57,4 hectáreas de nuevas plantaciones de viñedo para cava en España. También ha anulado la recomendación de la DO Cava de España, con sede en Tarragona y controlada por las bodegas de Cataluña, de las restricciones en las replantaciones de viñedo para esta denominación de origen y la conversión de los derechos de plantación.
La advertencia que el Tribunal da tanto al Ministerio de Agricultura como al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, se basa en la ilegalidad que supone la imposición de los intereses del sector en Cataluña con respecto a los intereses de los productores tanto de Requena como de Almendralejo en Extremadura. La Unió de Llauradors hizo un llamamiento a todas las partes para llegar a un acuerdo que no perjudique el crecimiento de estas producciones en aquellas regiones que el mercado demanda su producto como es el caso de la nuestra.
