La Unió de Llauradors reclama a la Generalitat que ponga en marcha ya todos los mecanismos establecidos en la Ley 2/2019 sobre contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, para exigencia de la forma escrita y para la creación del registro de operadores, contratos y relaciones jurídicas agrarias, y que entró en vigor una vez publicada el 8 de febrero de 2019 en el DOGV.

La organización agraria que lidera Carles Peris considera necesario y urgente, tras más de un año y medio después de ser publicada, la puesta en marcha sobre todo del Registro de operadores, contratos y otras relaciones jurídicas agrarias. Además de una garantía individual, el registro puede aportar al sector agrario valenciano una mayor transparencia e información de precios, de tal manera que se podría disponer de una base de precios real y diaria de las transacciones de productos agrícolas que redunde en una mayor seguridad jurídica para todos los que participan en la cadena agroalimentaria.

Ante las próximas campañas como la de los cítricos y caqui, que podrían ser problemáticas sería interesante disponer ya de este mecanismo que permite la legislación. En este sentido la última del caqui tuvo numerosas quejas ya en cuanto a los contratos que fueron trasladadas a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

A la organización le agradaría disponer así de este necesario registro operativo para las próximas campañas, tanto la citrícola como la del caqui, con objeto de que sirvan de prueba piloto para el resto de sectores agrarios valencianos.

Cabe señalar que existe un marco estatal en los contratos con la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Proyecto de ley

Una Ley que ha sido ampliamente adaptada, sobre todo, con el Real decreto ley 5/2020, de 25 de febrero, por el cual se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, actualmente tramitándose al Congreso de los Diputados como proyecto de Ley. Sin embargo, es importante tener una Ley de contratos como la valenciana que se adapta a las características de nuestra agricultura.