La gran industria intensiva en consumo energético se ha quedado en un limbo. El sistema de interrumpibilidad, que garantizaba una rebaja en los precios de la electricidad, perdió su vigencia el 30 de junio sin que se haya convocado una subasta para lo que queda del año y el nuevo estatuto del consumidor electrointensivo, con medidas para reducir los costes energéticos, no acaba de ver la luz. Fuentes del Ministerio de Industria señalaron que el documento, cuya redacción se anunció en octubre de 2018, aún se está «puliendo».
En estos momentos, la gran industria electrointensiva afronta la crisis del coronavirus sin ayudas para reducir el recibo eléctrico, uno de sus principales factores de competitividad. Sectores como la siderurgia registraron en abril y mayo caídas de producción del acero del 45% en relación con los mismos meses de 2019, según datos de Unesid. Esta patronal y los sindicatos CC OO Industria y UGT-FICA dirigieron la semana pasada una carta al presidente Pedro Sánchez señalando la «necesidad imperiosa» de adoptar medidas que eliminen la brecha competitiva que genera en la siderurgia el precio de la electricidad. Entre otras medidas demandaban la convocatoria de una nueva subasta de interrumpibilidad y la aprobación urgente de un estatuto del consumidor electrointensivo que «garantice una solución real, normativa y de futuro a la industria siderúrgica española», puesto que consideran que el último borrador (con compensaciones por la financiación de renovables y costes indirectos del CO2, y con mecanismos públicos de cobertura de 600 millones para contratos de suministro eléctricos a largo plazo) no cumple sus expectativas.
El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la política energética, aún no ha aclarado a estas alturas sí habrá una nueva subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre. Fuentes del Ministerio destacaron ayer «la excepcionalidad» de este año.
Consejo de Estado
Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria, del que depende la tramitación del estatuto, apuntaron ayer que el documento aún se está «puliendo» y que entre los trámites pendientes aún se encuentra la aprobación por parte del Consejo de Estado. «El compromiso anunciado por la ministra es aprobar el estatuto este verano», señalaron fuentes de Industria, que no precisaron fecha ni aclararon si en el documento final se atenderán las alegaciones que presentaron Asturias, Galicia y Cantabria, tal como demandó el Congreso de los Diputados.
Según el Gobierno, con el nuevo mecanismo unos 90 millones podrían ser devueltos a las 600 industrias españolas beneficiadas por este mecanismo, a lo que habrá que sumar las compensaciones por costes indirectos de dióxido de carbono (CO2) para las que el año pasado el Ministerio de Industria destinó 172 millones de euros, una cantidad que tiene intención de ampliar en los Presupuestos Generales del Estado que se aprueben.
