Nuevo capítulo, tal vez el más decisivo, y quizá el penúltimo, del largo pleito político, administrativo y judicial entre la Generalitat valenciana y el promotor del proyecto comercial y de ocio Puerto Mediterráneo, bautizado después como Intu Mediterrani.
El paso es relevante. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo acaba de inadmitir el recurso de casación interpuesto por la Abogacía de la Generalitat con el que pretendía mantener vigente el rechazo al centro comercial, un megaproyecto llamado a ser uno de los enclaves más grandes del país.
Cabe recordar que el pasado mes de octubre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana emitía un fallo contundente en el que estimaba parcialmente la posición del promotor, una joint venture entre el operador británico de centros comerciales y el fondo español Eurofund, también ligado a este sector.
En concreto, el fallo del TSJ argumentaba que la Generalitat se había excedido en sus funciones al tumbar el proyecto en octubre de 2016, con una memoria ambiental desfavorable «no consistente», en palabras de la sala, para frenar el proyecto. También apuntaba que algunos argumentos no se ajustaban a derecho y que se interpretaron mal algunas normas como la de carreteras para asegurar que el ámbito de actuación estaba demasiado cerca de la colindante CV35.
Ante este demoledor fallo, que interpelaba tanto a las conselleria de Medio Ambiente como a la de Obras Públicas, la Abogacía de la Generalitat decidió recurrir al Supremo. Sin embargo, en una providencia fechada hace unos días, el 10 de julio, la sala de lo contencioso administrativo sección primera del alto tribunal inadmite el recurso de la Generalitat. Según ha sabido este diario, el Supremo no entra en el fondo de la cuestión, sino que inadmite el recurso por «irrecurribilidad de la sentencia al versar la cuestión realmente controvertida sobre la interpretación y aplicación de derecho autonómico, siendo la cita de preceptos estatales infringidos meramente instrumental a fin de posibilitar el acceso a la casación estatal».
Cabe recordar, además, que este pleito se solapa con otro procedimiento judicial, ya que el promotor ha llevado ante el TSJ una reclamación patrimonial ante la administración. El grupo pretendía reclamar unos 50 millones por cada año de bloqueo desde el veto al proyecto.
¿En qué punto queda ahora el proyecto? El fallo del TSJ del pasado octubre, que ahora será firme, obligaba a Medio Ambiente a volver a reunir a la Comisión de Evaluación Ambiental, que fue el órgano que tumbó esta inversión en 2016, para emitir otra vez la memoria ambiental.
El fallo viene a decir que los miembros de la Comisión Ambiental no hicieron bien su trabajo, que no debió emitir un informe contrario y tumbar el proyecto, sino explicitar las medidas necesarias para paliar los impactos negativos para el medio ambiente que pudiera ocasionar el proyecto Puerto Mediterráneo, «como era su obligación en tanto que órgano ambiental», señalaba el fallo.
16 puntos de análisis
«Lo que debió hacer el órgano ambiental es imponer las condiciones necesarias para que la planificación sea viable», dice, y señala ?? puntos sobre los que el órgano deberá establecer «las condiciones necesarias para que el desarrollo sea sostenible».
La decisión del Supremo, curiosamente, llega en un momento de grandes dudas sobre el futuro del sector por la pandemia, pero también por la propia situación del inversor. El grupo británico Intu acaba de entrar en concurso de acreedores con una situación financiera dramática. Al margen del proyecto de Paterna, Intu y el español Eurofund comparten otra importante actuación comercial en España, en concreto en Torremolinos (Málaga).
Eurofund ya anunció hace unas semanas la intención de comprar a Intu su parte para lanzar en solitario las obras a la espera de un nuevo socio. Se da por hecho que el mercado, que lleva años viviendo grandes operaciones, sigue generando interés del capital privado. La propia Intu se ha desprendido de activos en España en ventas multimillonarias el último año.
Eurofund ha señalado en diversas ocasiones en los últimos tiempos que, tras casi una década desde el inicio del proyecto, su intención es seguir adelante en Paterna hasta obtener la licencia, con un ojo puesto en potenciales nuevos socios.
