«Compatibilizar». Es el término que utiliza Fernando Navarro, alcalde socialista de Cortes de Pallás y portavoz de la asociación «Sol del valle», para pedir a la Generalitat que permita instalar en su entorno cuatro plantas fotovoltaicas que sean una alternativa de trabajo para la población de las comarcas que dependen en buena parte de la central nuclear de Cofrentes.
Cortes de Pallás, junto a 12 municipios más de la Canal de Navarrés y La Ribera, se encuentran en un entorno natural protegido donde no se permite la instalación de ningún tipo de industria. Parte del terreno forma parte de la reserva nacional de Caza de la Muela. El problema se ha planteado cuando una multinacional española -que no quieren revelar el nombre- ha puesto sobre la mesa un proyecto que garantizaría la permanencia de sus habitantes frente al riesgo de la despoblación. La oferta a la que se refiere Navarro instalaría en Cortes una planta de 450 MW si el Consell recalifica parte de terrenos para poder instalar la planta.
Los alcaldes han reaccionado tras conocer el anuncio del president de la Generalitat, Ximo Puig, de aprobar un decreto para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la instalación de nuevas factorías de energía fotovoltaica y eléctrica. El documento «garantizará la seguridad jurídica, ambiental y territorial». Los alcaldes temen que la ordenación de terrenos se perpetúe y sus áreas protegidas queden fuera de ser susceptible de acoger una de estas plantas.
Iberdrola trabaja en un plan
Quien sí estará dentro será Cofrentes. Cerrará su central nuclear en 2030 -así lo prevé el Gobierno Central- pero Iberdrola ya trabaja en «un proyecto de renovables muy importante», como aseguró a Levante-EMV Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía. Según indicó, se trataría de una planta fotovoltaica de 630 MW. Como en Cofrentes, Sánchez Galán indicó que se está trabajando «en otros proyectos importantes de plantas renovables en la zona de Jalance». Todo ello, según indicó en las mismas declaraciones, dependerá «de la rapidez con la que se obtengan los permisos para poder ejecutar las inversiones» para los próximos «tres o cuatro años» y que gracias al decreto del Consell podrán obtener más rápido.
Moreno, como portavoz de la plataforma, ha enviado varias misivas al president Ximo Puig y al presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, compañeros de partido en el PSPV, así como a la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Mireia Mollà para desbloquear esta situación. Por ahora no ha recibido ninguna respuesta.
Medida contra la despoblación
Moreno criticó el caso omiso que el Consell hace a estos municipios. Reclaman que se les tenga en cuenta a la hora de legislar y señaló que no se puede ser «absolutista» con el «todo para el pueblo pero sin el pueblo».
El principal perjuicio con el que se encontrarán tras el cierre de Cofrentes será con el incremento del paro. Según «Sol del Valle», hay 2.000 familias que dependen directa o indirectamente de la central. Con su cierre, los alcaldes y alcaldesas se preguntan de qué vivirán sus habitantes. Todos, menos Cofrentes, se encuentran dentro del plan Avant de la Generalitat para frenar la despoblación, pero Moreno fue crítico al afirmar que las subvenciones «no son la solución».
Por eso, insta al Consell a «no coartar» la inversión de empresas que desean instalarse en la zona para no verse abocados a perder población. Moreno quiso reafirmar que el medio natural es de vital importancia en la comarca, pero debe hacerse compatible con la industria porque, de lo contrario, «no quedará nadie para vigilar estos montes». Además, instó a la Generalitat a que si descartan la instalación de las cuatro plantas fotovoltaicas en la zona, «entonces, que paguen a los municipios de estas comarcas la acumulación de Co2 que generamos».
