Las dos entidades afrontan la fusión con una herencia judicial que todavía está por resolver. La Audiencia Nacional está a punto de notificar la sentencia del juicio contra la excúpula de Bankia por falsedad contable y estafa durante la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011, causa por la que Rodrigo Rato se enfrenta a una posible condena de 8 años y 6 meses prisión. CaixaBank está pendiente de los procesos judiciales del Banco de Valencia (BdV), que compró por un euro el 27 de noviembre de 2012 tras inyectar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) 4.500 millones de euros. La Audiencia Nacional prepara el macrojuicio por el maquillaje contable del Banco de Valencia que causó la quiebra de la entidad y en el que están acusados los consejeros vinculados a las cuentas de 2009 y 2010. Además, el Frob llegó a personarse en once procesos en los tribunales como perjudicado por las operaciones irregulares aprobadas por los antiguos responsables del Banco de Valencia. Parte de la financiación bajo sospecha fue para el empresario Bautista Soler.

El caso que está a punto de resolverse es el de la salida a bolsa de Bankia, que representa el símbolo del hundimiento de las cajas. El juicio (celebrado por estafa y falsedad contable) quedó visto para sentencia el 1 de octubre, pero la crisis de la covid ha retrasado la redacción de la sentencia. En la causa, que fue juzgada durante 10 meses, declararon los 34 acusados (31 personas físicas y 3 jurídicas: Bankia, BFA y Deloitte), 57 testigos, 4 peritos judiciales y 16 peritos de las defensas. La Fiscalía Anticorrupción solicitó al acabar el juicio la condena de 15 procesados. El ministerio público pidió ocho años y medio de prisión para el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (que actualmente cumple condena en Soto del Real por el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid). La petición de pena para otros colaboradores de Rato es de seis años cárcel en el caso del ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella; cinco años para el exvicepresidente José Luis Olivas; y nueve meses para el exconsejero Francisco Verdú.

Bankia salió a bolsa el 20 de julio de 2011 con las acciones a 3,75 euros y captó 3.092 millones de euros de 340.000 pequeños ahorradores y de inversores institucionales como Iberdrola. Al principio, el ministerio público solo acusaba a los cuatro administradores de un delito de estafa de inversores por dar información falsa a quienes compraron acciones de Bankia cuando la entidad debutó en el parqué. Al final, decidió sumar un delito de falsedad contable por las cuentas de 2011. Los números de aquellas cuentas fueron presentados en marzo de 2012 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores sin el informe de auditoría de Deloitte. Reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros que dos meses después (tras la salida de Rato) se convirtieron en unas pérdidas de 2.979 millones. La Fiscalía mantiene que los responsables del debut bursátil ocultaron los deterioros de los activos inmobiliarios «para no frustrar la operación». Con el nuevo delito, Anticorrupción elevó el número de acusados a 15, entre los que está el exministro Ángel Acebes.

Engaño a los accionistas

La segunda macrocausa abierta es contra los ex responsables del Banco de Valencia. La Fiscalía culpa del maquillaje contable de las cuentas de la entidad de 2009 y 2010 a todo el consejo de administración. El fiscal sostiene que lo hicieron con el propósito de ofrecer una imagen de solvencia que «no se correspondía con la realidad». La consecuencia fue que los accionistas mantuvieron su confianza en la sociedad y prácticamente perdieron todas sus inversiones. Anticorrupción acusa a la cúpula del Banco de Valencia de un delito continuado de falsedad documental y pide penas de entre dos años y medio y tres años de cárcel para once exconsejeros. Además, solicita sendas penas de cuatro años y medio de prisión al expresidente de la entidad José Luis Olivas y el exconsejero delegado Domingo Parra.