CaixaBank ha eludido aclarar al Gobierno de Quim Torra dónde estará la sede social del banco nacido de la fusión con Bankia. La Generalitat catalana ha instado sin éxito a la entidad a que traslade la sede social de València a Barcelona. CaixaBank cambió su sede a València tras las declaración unilateral de independencia y sus responsables no se platean el cambio. Bankia también tiene su sede social en València desde 2011. Las dos entidades mantienen sus servicios centrales en Barcelona y Madrid.
El vicepresidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, ha revelado en una entrevista con EFE que el viernes habló con los «máximos representantes» de CaixaBank y les trasladó tres demandas ya explicadas ese mismo día en público: la preocupación del Govern por los empleos, la necesidad de mantener la competencia pese a la concentración bancaria, y la continuidad de «la vinculación histórica» del nuevo banco con Cataluña, con la petición expresa de que la sede social vuelva a esta comunidad autónoma. «Estaremos muy atentos en las próximas semanas sobre estos tres aspectos en particular», señaló, y añadió: «tenemos la oportunidad de que la sede de la nueva entidad esté en Cataluña. Sería una muy buena decisión que demostraría el compromiso de continuar este vínculo con el país».
A la pregunta de cuál fue la respuesta de los dirigentes de CaixaBank a esa petición de recuperar la sede social en Cataluña, comentó que sobre esta solicitud en particular «no se han pronunciado». «Han entendido las preocupaciones del Govern y nos hemos comprometido a continuar con un intercambio de información y haciendo un seguimiento desde el punto del interés público», añadió.
No obstante, CaixaBank ha dejado claro en los últimos años que no se plantea mover la sede social de València, adonde la trasladó en 2017, en un contexto marcado por la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Aragonès recordó que siempre consideró que aquella decisión «no fue una buena noticia», pero subrayó que tampoco se produjo el «éxodo económico» que algunos auguraban. En cualquier caso, reivindicó que «ahora parece el momento de corregir aquella anomalía», porque «lo natural es que las empresas tengan sus sedes sociales donde está la mayor parte de su actividad, sus centros de decisión y sus sedes centrales».
Pere Aragonès, cree que si CaixaBank y Bankia acaban fusionándose «debería haber un calendario claro de cómo el Estado deja el accionariado», que culminara con una salida lo más rápida posible, «para evitar cualquier sospecha de interferencias políticas». Aragonès se mostró crítico con el papel del Estado en el banco resultante de la fusión, del que sería segundo accionista, por detrás de La Caixa, y opinó que la presencia del Estado «es una situación de anormalidad».
Críticas de Dalmau
El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, mostró sus reparos a la fusión. «El fomento de los oligopolios no beneficia a la economía financiera del país. Bankia fue creada mayoritariamente con capital público (dinero de la ciudadanía) en un momento de crisis económica. No lo olvidemos», advirtió.
