El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella presentada por la sociedad anónima Remolcadores y barcazas de Las Palmas (Rebapa), que forma parte de la corporación marítima Boluda, contra Odiel Towage y varios directivos de los Puertos de Las Palmas y de Puertos del Estado. El magistrado Alberto Puebla Contreras determina el inicio de las diligencias por unos hechos que a juicio de los querellantes supusieron la comisión de los delitos de malversación, prevaricación administrativa e infidelidad en la custodia de documentos por funcionario.

El auto, avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso La Provincia, señala como querellados al administrador único de Odiel, Walter Martín, y a seis directivos portuarios: tres de Puertos del Estado -quien fuera su presidente hasta julio de 2018, José Llorca; su director de explotación desde esa fecha, Leandro Melgar; y el jefe de la Asesoría Jurídica, José Antonio Morillo-Velarde- y otros tres de la Autoridad Portuaria de Las Palmas -su director hasta comienzos de este año, Salvador Capella; la jefa de la Asesoría Jurídica, María Bosch, y quien en las fechas de los hechos estaba al cargo del Área de Explotación, Rosario Saa-. La querella del naviero surge a partir del otorgamiento de la licencia del servicio portuario de remolque a Odiel Towage por parte de la Autoridad Portuaria. Boluda considera que durante el proceso, que se alargó varios años hasta que el consejo aprobó la concesión el pasado marzo, los querellados maniobraron o manipularon la tramitación de los expedientes para favorecer a la filial de Fairplay. Esta recibió la licencia «en unas condiciones desleales y discriminatorias», según la acusación, que «inducen a pensar que hay otros intereses detrás que son los que les impulsan a actuar en la manera en la que lo han hecho». La subsidiaria de Boluda interpreta que los encausados incumplieron de manera deliberada Ley de Puertos en los pliego del servicio de remolque.