El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella presentada por la sociedad anónima Remolcadores y barcazas de Las Palmas (Rebapa), que forma parte de la corporación marítima Boluda, contra Odiel Towage y varios directivos de los Puertos de Las Palmas y de Puertos del Estado. El magistrado Alberto Puebla Contreras determina el inicio de las diligencias por unos hechos que a juicio de los querellantes supusieron la comisión de los delitos de malversación, prevaricación administrativa e infidelidad en la custodia de documentos por funcionario.
El auto, avanzado ayer por El Confidencial y al que ha tenido acceso este periódico, señala como querellados al administrador único de Odiel, Walter Martín, y a seis directivos portuarios: tres de Puertos del Estado -quien fuera su presidente hasta julio de 2018, José Llorca; su director de explotación desde esa fecha, Leandro Melgar; y el jefe de la Asesoría Jurídica, José Antonio Morillo-Velarde- y otros tres de la Autoridad Portuaria de Las Palmas -su director hasta comienzos de este año, Salvador Capella; la jefa de la Asesoría Jurídica, María Bosch, y quien en las fechas de los hechos estaba al cargo del Área de Explotación, Rosario Saa-.
La querella surge a partir del otorgamiento de la licencia del servicio portuario de remolque a Odiel Towage por parte de la Autoridad Portuaria. Boluda considera que durante el proceso, que se alargó varios años hasta que el Consejo de Administración aprobó la concesión el pasado marzo, los querellados maniobraron o manipularon la tramitación de los expedientes para favorecer a la filial de Fairplay. Esta recibió la licencia "en unas condiciones desleales y discriminatorias", según la acusación, que "inducen a pensar que hay otros intereses detrás que son los que les impulsan a actuar en la manera en la que lo han hecho".
La subsidiaria de Boluda interpreta que los encausados incumplieron de manera deliberada Ley de Puertos, que a su juicio exige "que se redactaran o adaptaran" los pliegos de prescripciones particulares del servicio de remolque antes de otorgar la licencia. La querella especifica que esos pliegos fueron remitidos a Puertos del Estado para que emitiera un informe y solicitara otro vinculante a Marina Mercante en el ámbito de la seguridad marítima que, una vez elaborado, resultaba perjudicial para Odiel Towage, según la acusación.
En este contexto, Llorca retuvo "el expediente durante más de un año para ralentizar su tramitación", lo que a juicio de Boluda puede ser tipificado como un delito de infidelidad en la custodia de documentos, en su modalidad de ocultación. De acuerdo con los querellantes, el ex presidente de Puertos del Estado también realizó una interpretación del contenido "que lo desnaturaliza y se inventa algo que no dice el informe".
Rebapa también considera que la Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria ocultó, obstaculizó o impidió a las partes el contenido de ese informe, "obligándoles a acudir al Tribunal Superior de Justicia para que puedan conocerlo". Todo ello obedecía, según la tesis defendida por los demandantes, "a un plan preconcebido" para ocultar el informe de Marina Mercante que, señalan.
Sobre Capella, el auto judicial recoge que solicitó a Puertos del Estado un informe acerca de la regulación aplicable a la solicitud de licencia que Fairplay tramitó en el año 2017 "en su condición de presidente de la Autoridad Portuaria". Capella, en cualquier caso, no ocupó nunca ese cargo dentro del organigrama de los Puertos de Las Palmas, sino el de director.
La licencia otorgada en marzo de este año constituye para Boluda un delito de prevaricación administrativa. Entre las afirmaciones recogidas en el auto, la compañía califica como "llamativo" el hecho de que las administraciones tramitaran tres licencias -la primera fue denegada, la segunda condicionada y la tercera fue la finalmente admitida- en poco más de un año y considera que "da sentido a la conducta anterior de los querellados".
Boluda estima que la concesión en de esa segunda licencia, que fue condicionada al cumplimiento de una serie de prescripciones, también resultó delictiva. De acuerdo con su tesis, los informes jurídicos de Puertos del Estado y la Abogacía General del Estado eran ad hoc y uno de ellos fue entregado a Odiel "para que supiera que se le daría un plazo de gracia para cumplir".
En su querella, la naviera valenciana también da un valor relevante a la renuncia que realizó en su día la filial de Fairplay a la segunda solicitud de licencia, a pesar de que existía una propuesta de dos de los querellados para autorizar el inicio de la actividad. Boluda, que no acepta los argumentos esgrimidos por su competencia para esa renuncia, cree que Odiel Towage debería haber perdido el depósito económico con el que avaló su petición, por lo que ve en esta otra acción un delito de malversación de caudales públicos.
