La abogada valenciana Antonia Magdaleno ha entrado en prisión. Es consecuencia de la condena en 2017 de la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de estafa al ocultar al despacho para el que trabajaba, Broseta Abogados, ingresos de dos grandes concursos de acreedores. La entrada se produjo este pasado julio, según ha sabido este diario. El Gobierno le denegó el indulto que había solicitado y cumple su condena en un centro penitenciario de Asturias, donde se había trasladado por motivos familiares.
Magdaleno es una de las más reputadas especialistas en el ámbito del Derecho procesal y concursal español, llevando durante años algunos de los concursos más importantes de la historia de las quiebras en España, como el del Grupo Marsans. Fruto de algunos grandes concursos ligados a la crisis del ladrillo se produjo el conflicto que la ha llevado a prisión.
A finales de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaba la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia de Valencia a la exsocia de Broseta Abogados, por estafar 4,6 millones al citado bufete con los honorarios de los concursos de Martinsa-Fadesa (A Coruña) y Urazca (Bilbao). La Audiencia también le impuso en concepto de responsabilidad civil el pago de dicha cantidad, 4,67 millones de euros.
La Audiencia Provincial consideró acreditado que, cuando fue nombrada administradora en los concursos de estas dos mercantiles, la recurrente ordenó al despacho Broseta Abogados que le facturasen «unas cantidades inferiores a las que ella había percibido por honorarios, ocultando el importe realmente cobrado de las mercantiles concursadas».
Por el concurso de Martinsa-Fadesa cobró 7.862.528 euros y ordenó que el despacho le facturase 3.324.891 euros; y en el de Urazca percibió 1.458.209 euros, y dispuso que le facturasen 589.778, según los hechos probados.
Magdaleno se presentaba a los concursos a través de una sociedad propia, y una vez obtenidos los honorarios debía ingresar en el despacho el importe íntegro, una operativa acordada entre ambas partes. Según la sentencia, llegados los concursos de estas constructoras, y en medio del desacuerdo entre socia y despacho sobre sus retribuciones, la abogada «comenzó a dar órdenes al despacho para que le facturaran unas cantidades inferiores a las que ella había percibido».
Lo cierto es que la guerra entre Magdaleno y Broseta, con este traumático desenlace, fue más allá de un mero desacuerdo pecuniario. Tras su salida del bufete en 2011 y el descubrimiento del conflicto en torno a la facturación, el enfrentamiento entre la firma y la que había sido su socia estrella subió de nivel.
La reacción judicial de Broseta por la facturación de los concursos se produjo por la vía penal, y no civil, con lo que además de la responsabilidad y la multa, se produjo la condena de prisión. Por su parte, Magdaleno, según recogía El Confidencial, trató de forzar la clausura del despacho de Broseta por el incumplimiento de la obligación de adaptarse a los requisitos de la ley de Sociedades Profesionales.
En los últimos años se ha mantenido en activo, aunque tras la sentencia se desvinculó del despacho que había creado y donde contaba con varias socias. A principios de 2019 se reincorporaba a la actividad, fichando como colaboradora externa en otro bufete valenciano para temas de Mercantil.
Al mismo tiempo, puso en marcha la petición de indulto con buenas perspectivas de éxito: por haber solventado la responsabilidad civil, por no tener antecedentes y por el aval del afectado, Manuel Broseta, que no se oponía al indulto. La petición frenó la entrada en prisión pero finalmente hace unos meses fue denegada.
