Como si clamara cada cual en el desierto, nada más conocerse, hace dos semanas, que CaixaBank negociaba la absorción de Bankia, políticos y empresarios de la Comunitat Valenciana y Cataluña se han batido el cobre presionando por la sede social de la nueva entidad. Por debajo del Sénia, para que se quedara en València, por encima, para que volviera a Barcelona. Parecían «dos calvos peléandose por un peine», como dijo Borges de Argentina e Inglaterra cuando la guerra de las Malvinas. Y es que el objeto de deseo es más bien simbólico. Los bancos que protagonizan esta operación han decidido que el domicilio social de la entidad resultante se quedará en València, en donde recalaron por distintos motivos. Bankia, en el marco de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja en 2010, CaixaBank, a principios de octubre de 2017, cuando la fuga de depósitos por el descontrol independentista le recomendaron buscar un puerto seguro en el resto de España. No estaba justificado el temor en unos ni la esperanza en otros, porque el cambio de sede es casi imposible dada la persistencia separatista en la política catalana. CaixaBank, que será la entidad resultante tras engullir a Bankia, no puede volver a Barcelona, al menos por el momento, y le resultaría difícil explicar un cambio a Madrid.
Así que València está bien. Es neutra. Solo le quedará por decidir cuál de las dos sedes actuales elige como propia, aunque todo indica que será la del histórico edificio del Banco de Valencia, a donde se trasladó en 2017, donde la nueva entidad celebra hoy su primera rueda de prensa. ¿Qué supone la sede social? En realidad, muy poco. Desde que se trasladó a València, CaixaBank ha celebrado en esta ciudad sus juntas de accionistas y la presentación de resultados. Poco más. No ha habido trasvase de trabajadores desde Barcelona. Y los beneficios fiscales son bien magros. Dado que el Impuesto de Sociedades, el de mayor volumen, se paga a nivel estatal, la entidad solo abona en la autonomía el Impuesto de Actividades Económicas o la tasa de Actos Jurídicos Documentados. Unos deberían saltar de júbilo y otros echarse a llorar si lo que se trasladara a València fuera la sede operativa, auténtica sala de máquinas y cerebro de toda organización empresarial. Pero este pastel se lo van a repartir entre Madrid y Barcelona, donde Bankia y CaixaBank tienen sus servicios centrales. En ellos trabajan 5.300 personas en la actualidad. Son el personal más cualificado y sufrirá recortes porque la fusión está destinada, entre otros motivos, a ganar eficiencia y rentabilidad y no puede tener duplicidades en ese ámbito. Como también las reducirá en oficinas. En consecuencia, se plantean cerca de 8.000 despidos, con bajas incentivadas o prejubilaciones, como acostumbra un sector tan refractario al ruido. El problema es que, tras los despidos de 2018 en Bankia y de 2020 en CaixaBank, el personal en edad para entrar en esa vía, a partir de 54 años, no llega a las cifras requeridas. Se queda en 4.600. Los sindicatos estiman que, si el ajuste laboral se extiende tres años, se podrán sumar los que ahora tienen 51. Entre 50 y 53, los dos bancos llegan a 1.600. ¿El resto? Habrá que esperar a las negociaciones, aunque sobre el proceso pende la voluntad del Gobierno de penalizar las jubilaciones anticipadas. Una ecuación difícil de resolver.
