El Gobierno valenciano ha aprobado este verano el decreto 14/2020 con el objetivo de acelerar la transición hacia las energías renovables en nuestra comunidad. Una gran noticia dentro del desánimo generalizado que está causando esta pandemia y la incertidumbre que lleva aparejada.
La potestad legislativa debe servir para plasmar la voluntad política. En este caso, la voluntad era facilitar las inversiones en territorio valenciano a importantes empresas, dispuestas a desarrollar proyectos fotovoltaicos y eólicos para generación eléctrica. Recientemente, esas entidades manifestaban las dificultades para impulsar estas instalaciones en nuestro territorio: carecíamos de un procedimiento claro, ágil y concreto para su legalización. Esta circunstancia hacía más viable acometer estos proyectos en otras comunidades autónomas antes que en la nuestra, con la pérdida de negocio que ello acarreaba.
Pues bien, podemos decir que el decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, es una gran noticia. La eliminación de trabas, unida a una coyuntura de bajos tipos de interés y alta volatilidad en los mercados, tiene como consecuencia un fuerte apetito inversor en renovables. Todo esto hace muy viable la apuesta del Consell y nos pone en disposición de alcanzar, antes de una década, los objetivos de implantación de energías renovables en nuestra comunidad.
Una de las claves de este decreto ley es que elimina los planes especiales, que eran una barrera que dificultaba la entrada para muchos actores del sector. Con esta decisión, todos tienen la posibilidad de desarrollar y construir instalaciones de generación, siempre y cuando se cumplan los criterios exigidos. Ahora, cabe instar a la administración que además del decreto ley, se dote de los medios necesarios, tanto materiales como humanos, para evitar cuellos de botella en la tramitación, de manera que los proyectos se resuelvan administrativamente con la máxima prontitud posible.
Larga reivindicación del sector
El decreto ley 14/2020 viene a atender, por fin, una larga reivindicación del sector. Desde el COGITIVAL siempre hemos mantenido que el mercado de las renovables ha de ser un motor económico: la energía es un bien estratégico, de primera necesidad, y apostar por las renovables de manera decidida solo puede dar buenos resultados.
Lo están demostrando diferentes empresas e ingenierías valencianas, que llevan años impulsando proyectos dentro y fuera de España, cuyas divisiones de renovables crecen al ritmo que marcan los nuevos tiempos y las nuevas necesidades energéticas. Nuestro colectivo profesional está en primera línea de esta revolución energética: muchos compañeros forman parte de esas divisiones, otros desarrollan proyectos para empresas y particulares, que también se han visto beneficiados con este decreto ley, y muchos están presentes en diferentes empresas que conforman el tejido productivo alrededor de las mismas. Por fin podemos afirmar que nos encontramos ante una coyuntura legislativa muy favorable. Es para mí un motivo de orgullo que nuestros profesionales vayan a contribuir a desarrollar una estrategia que pretende promover un cambio económico que ayude a paliar los devastadores efectos de la Covid-19 en nuestra economía.
La Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) estima que cada euro invertido en renovables en la Unión Europea contribuye a incrementar en 0,8 euros el PIB. Este dato deja claro que las instalaciones renovables son una muy buena palanca de impulso para la economía. Está en manos de todos no perder este tren de progreso para nuestra tierra.
