La Audiencia Nacional asumió ayer los postulados de los acusados por la salida a Bolsa de Bankia y los absolvió de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en dicha operación. Los argumentos expuestos en la sentencia se sustentan en que la cotización en los mercados de la entidad fruto de la fusión de Bancaja, Caja Madrid y otras cinco entidades de menor tamaño en julio de 2011 estuvo avalada por los principales organismos españoles y europeos. Además, el folleto informativo contenía una «amplia y certera»información financiera y no financiera. En una sentencia de más de 400 páginas, la ponente de la misma, Ángela Murillo, destaca también que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. La magistrada, a lo largo del auto, no ahorra severas críticas a la actuación de la fiscal del caso, Carmen Launa.

Así las cosas, y a expensas de lo que diga el Supremo si la fiscalía y las acusaciones particulares presentan un recurso contra la sentencia que ayer estaban estudiando, el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el exvicepresidente, José Luis Olivas, otros nueve exconsejeros valencianos y los restantes 24 exdirectivos acusados, además de Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte, han quedado absueltos en esta causa, cuya resolución llega casi un año después de que se terminara el juicio.

Uno de los fundamentos de la sentencia, es «que resulta evidente a todas luces que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue intensamente supervisado con éxito» por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo público FROB, que acabó haciéndose con el 100% de BFA tras la intervención de Bankia en mayo de 2012 con un coste para los contribuyentes de 22.400 millones de euros, y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), «contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones». Una de las acusaciones particulares, la CIC consiguió que declararan ante el juez instructor como investigados los exresponsables del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la CNMV, Julio Segura, al considerar que tuvieron suficiente información sobre la pésima situación contable de la entidad. Ambos finalmente no fueron a juicio.

La jueza rebate otro de los argumentos clave de la acusación: que el folleto de salida a Bolsa contenía datos falsos sobre la situación real de Bankia y que, por ese motivo, se acabó engañando a los inversores. Según Murillo, «la información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, una información que habÍa sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España, siendo luego refrendada por la CNMV al registrar el folleto».

Respecto a que en el folleto se ocultó que Bankia era inviable, como afirmó una de las acusaciones particulares, la sentencia afirma que «en el momento de la salida a Bolsa no está acreditado, ni con mucho, que Bankia fuera inviable, pues si así hubiera sido el Banco de España se hubiera opuesto a la misma, entre otras razones».

En un momento de la sentencia, la jueza recuerda la «tan ansiada por las autoridades económicas y monetarias» integración en un SIP de Bancaja, Caja Madrid y otras cinco entidades de ahorros de menor tamaño en junio de 2010 y rebate los argumentos de la fiscalía y las acusaciones particulares, que trataron de situar en las cuentas de 2010 de esas firmas el origen de la falsedad contable posterior de Bankia. Murillo recuerda que dichas cajas fueron suficientemente inspeccionadas por el Banco de España y auditadas. Asimismo, afea a la fiscal que defendiera un escenario de diferimiento de pérdidas detectadas en 2010 por importe de 11.500 millones, cuando, como recalcaron los peritos, se trató de una «probabilidad de ocurrencia de pérdidas económicas, no susceptibles de contabilización como valor razonable a 31 de diciembre de 2010» por un máximo de 8.200 millones.

«En modo alguno podemos considerar probado el carácter falsario de las cuentas anuales consolidadas de BFA del ejercicio 2010, cerradas a 31 de diciembre de 2010, cuentas que se elaboraron mediante la agregación de las contabilidades individuales de las siete cajas, tras la puesta a valor razonable de sus activos y pasivos, con ocasión de un proceso de integración impulsado y constantemente tutelado por el Banco de España», según la sentancia.

Como ha quedado dicho, la jueza no se ahorra reproches a la fiscalía, que en la recta final del juicio amplió la acusación al añadir un presunto delito de falsedad contable al de estafa a los inversores. Ello supuso endurecer las penas solicitadas, entre otros, para Rato, para el que pasó a reclamar ocho años y medio de cárcel como principal autor de ambos delitos, y Olivas, para quien pidió cinco años de prisión. En opinión de la jueza, este cambio de criterio de la fiscal fue «radical» y no se fundamentó «en actividad probatoria alguna practicada en el plenario, complementaria o distinta de la llevada a efecto en el transcurso de los cinco años que duró la instrucción de la causa».

A la espera del tercer grado desde finales de 2019

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato se encuentra desde julio a la espera de que el juez de Vigilancia Penitenciaria resuelva su recurso contra la denegación del tercer grado, que solicitó a finales de 2019 tras superar el cuarto de su condena por el caso de las tarjetas «black», de cuatro años y medio. El magistrado José Luis de Castro tenía que haberse pronunciado antes de agosto sobre el escrito del exministro, que recurrió la decisión de denegarle la semilibertad al tener pendiente la sentencia por la salida a Bolsa de Bankia. La absolución allana su semilibertad.

Los partidos a la izquierda del PSOE cargan contra la sentencia

ERC, Más País, Unidas Podemos y la Cup calificaron de «vergonzosa» la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos al expresidente de la entidad y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato. En otro sentido, el PP la valora y el PSOE y Ciudadanos muestran su respeto ante las decisiones judiciales.


La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, señaló que «algunos tendrán que dar explicaciones de por qué actuaron como acusación particular y ahora las actuaciones les pone en sus sitio». También el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, mostró su «respeto pleno y absoluto por la sentencia»..


Frente a esto, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, destacó que la sentencia la acata pero es «desproporcionado que se inhabilite a un presidente de la Generalitat por una pancarta y se exonere completamente a los responsables de una catástrofe económica que dañó el bolsillo de muchos accionistas y ciudadanos».


El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lamentó que salga más barato «estafar a miles de ciudadanos en un banco que poner una pancarta. Rato absuelto y Torra condenado». El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, afirmó de que «es un profundo escándalo» y manda el mensaje «negativo» en momentos de penuria de que «los más ricos se van de rositas».