Casi nueve meses más tarde, la Abogacía del Estado ha seguido los pasos de la Fiscalía Anticorrupción y ha presentado un escrito de acusación y solicitud de auto de apertura de juicio oral por la causa central por el hundimiento del Banco de Valencia en el que coincide con ella en todas sus conclusiones, incluidas la petición de penas de cárcel para la ex cúpula de la entidad, aunque discrepa a la hora de exigir la responsabilidad civil subsidiaria en el caso de las personas jurídicas. En concreto, exime de la misma a Bankia, la Fundación Bancaja y la auditora Deloitte.
La exclusión de Bankia y su matriz BFA se explica por el hecho de que la Abogacía del Estado representa en esta causa al fondo público FROB, que en la actualidad es propietario del 61 % de la entidad financiera cofundada por la valenciana Bancaja y que tendrá en torno a un 15 % en el capital de la nueva CaixaBank, una vez que el año que viene se consume la absorción de Bankia anunciada el mes pasado.
El escrito, presentado el pasado 28 de septiembre ante el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que es el que instruye la causa desde hace más de siete años, exige responsabilidad civil subsidiaria a varias mercantiles, como Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7 (de la familia Noguera), Mancomer, Minaval y el Montepío Loreto, que estaban representadas en el consejo de administración.
Asimismo, reclama que respondan también como responsables las catorce personas físicas que integraban el citado órgano de gobierno de la entidad intervenida en noviembre de 2011 y vendida por un euro el año siguiente a CaixaBank. Para todos ellos pide penas de cárcel, multas y una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por un delito societario continuado de falsedad en las cuentas de los ejercicios 2009 y 2010.
La exigencia de prisión para los acusados a partir de la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval coincide con la que formuló en enero la fiscalía. Los que se enfrentan a penas más elevadas son el expresidente del banco y de la Generalitat, José Luis Olivas, y el ex consejero delegado, Domingo Parra, para los que la Abogacía pide cuatro años y medio de cárcel y una multa de quince meses con una cuota diaria de cien euros de responsabilidad personal.
Para los exconsejeros Antonio Tirado, Celestino Aznar, Agnès Noguera, José Segura y Silvestre Segarra reclama tres años de cárcel y multa de doce meses. A Manuel Olmos, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Pedro Muñoz y Federico Michavila les pide dos años y medio de prisión y multa de nueve meses. Finalmente, a Miguel Monferrer, responsable de la auditoría de Deloitte a la entidad financiera, le exige un año y medio de cárcel y siete meses de multa. Olivas y Tirado fueron absueltos la semana pasada en la causa por la salida a bolsa de Bankia.
«Las cuentas formuladas suponían ofrecer al exterior una imagen de fortaleza y buen estado financiero que no se acomodaba a la realidad de la entidad», aseguran los abogados del Estado en su escrito.
