La fusión de Bankia y CaixaBank recibirá el visto bueno de las juntas de accionistas de ambas entidades el 1 y el 3 de diciembre, respectivamente. Los consejos de administración de los dos bancos se reunieron ayer para aprobar la convocatoria de las asambleas después de recibir el preceptivo informe del experto independiente (la auditora BDO) nombrado por el Registro Mercantil de València para valorar la operación. La firma considera que el canje de acciones pactado por los gestores «está justificado y los métodos de valoración utilizados, y los valores a los que conducen, son adecuados».

El Estado, por su parte, se pronunció también favorablemente de forma oficial. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras estudiarlo con sus asesores como el banco de inversión Nomura, aseguró que la fusión «mejoraría el valor de la participación indirecta en Bankia y tendría un efecto positivo sobre las perspectivas de recuperación de ayudas en futuras desinversiones». Asimismo, nombró a Teresa Santero, profesora del Instituto de Empresa y consejera independiente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como su representante en el consejo de la nueva CaixaBank posintegración.

La junta de Bankia tendrá lugar el día 1 de diciembre a las 12.00 horas en el Palacio de Congreso de València, donde ambas entidades tienen su sede social, aunque se podrá asistir de forma telemática. Dos días después será el turno de los accionistas de CaixaBank, en el mismo foro, a las 11 y también con la posibilidad de seguirse a distancia. No se esperan sorpresas, ya que los accionistas de control de las dos entidades (el Gobierno a través del FROB, dependiente del Ministerio de Economía, y la Fundación Bancaria La Caixa) son los que han promovido la operación.

Los consejos también publicaron sus informes sobre la integración, que confirman que «tras la fusión, la entidad combinada completará el análisis de los solapamientos, duplicidades y economías de escala derivadas del proceso, sin que a esta fecha se haya tomado ninguna decisión en relación con las medidas de índole laboral». Además, reiteraron que la más que previsible salida de empleados «se llevará a cabo respetando los procedimientos legalmente previstos y, especialmente, lo relativo a los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores».