Después de cuatro años de debates y cerca de 200 comparecencias que se iniciaron en noviembre del 2016, la Comisión del Pacto de Toledo cerró ayer con una amplia mayoría un primer texto en el que revisa las 20 recomendaciones dirigidas a garantizar la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social.
El documento de recomendaciones incide en la separación de fuentes de financiación y gastos de la Seguridad Social, para afianzar la viabilidad del sistema. El objetivo es descargar a la Seguridad Social de los alrededor de 23.000 millones de gastos impropios estimados por la Autoridad Fiscal de forma progresiva, «en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder del año 2023». Con ello, según el Pacto de Toledo «se contribuirá de forma decisiva a rebajar la alarma que las actuales dificultades financieras han generado y, en el largo plazo, a reforzar su sostenibilidad».
El Pacto de Toledo señala las reducciones en la cotización para estímulo de empleo y las prestaciones asistenciales de desempleo entre los gastos impropios que deben dejar de ser sufragados con cotizaciones. También, las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades o el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes o sistemas especiales o en actividades desarrolladas por jóvenes den formación. Las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, los complementos por maternidad en las pensiones de mujeres o las mejoras en las de viudedad también deberían dejar de ser finaciadas por cuotas
Además, el Pacto de Toledo considera oportuno realizar un estudio sobre las cargas impropias asumidas por la Seguridad Social en los últimos años, a partir de los datos del Tribunal de Cuentas, con el fin de poner en evidencia que sin ello no habría sido necesarios los préstamos del Estado. «Las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones sociales han alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que durante años, los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar», se afirma.
El texto, que aún no suscita un consenso pleno entre todos los grupos, será sometido a debate y votación pública en la propia Comisión el martes 27 antes de pasar a votación en el Congreso.
