La agencia de calificación Moody’s ha rebajado el rating de Naviera Armas Trasmediterránea de ‘Caa2’ a ‘Ca’ con perspectiva negativa, lo que la sitúa al borde de impago. La razón es que el grupo no puede hacer frente al pago de intereses de una emisión de 282 millones de euros que vence en 2023 debido al desplome de los ingresos por el coronavirus. La firma se ha acogido a un periodo de gracia de 30 días que recoge el contrato de la emisión. A partir de esa fecha, Moody’s dice que declarará a la empresa en situación de impago tras incrementar su endeudamiento en 70 millones en el primer semestre de 2020 por la covid-19.
La agencia de calificación asegura que este rating refleja la estructura de capital «insostenible» de la empresa en relación con su potencial de ganancias, los altos riesgos de reestructuración basados en su deuda deprimida, así como su débil posición de liquidez. Además, también incorpora un alto grado de incertidumbre con respecto a los valores de recuperación para los deudores en una posible reestructuración.
Tras las primeras noticias sobre su situación financiera, Armas Trasmediterránea emitió hace unos días un comunicado en el que anunció que había iniciado un proceso de renegociación de su deuda como consecuencia del desplome de ingresos derivados de la pandemia. Dijo que no se encontraba «en situación de preconcurso ni concurso de acreedores». Y admitía la afectación de la demanda derivada de la crisis de la covid-19, y que había iniciado esas conversaciones «con el objetivo de preservar su liquidez y optimizar su estructura de capital».
La naviera es uno de los principales puntos de conexión de las Baleares con la península. El grupo canario Naviera Armas se hizo con la mayoría accionarial de Trasmediterránea muy recientemente, en el año 2018, tras pagar 260 millones de euros a Acciona, de la familia Entrecanales, que había gestionado la compañía desde 2002, cuando fue privatizada. Pero los problemas del grupo empresarial canario se han agravado desde entonces considerablemente, sobre todo con la expansión del covid-19, comprometiendo con su situación financiera el transporte regular de Baleares con la península.
Para intentar salvarse, consiguió una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 55 millones y un préstamo de los fondos APS y Apolo de otros 75 millones. Sin embargo, sus graves problemas continuaron.
