La segunda ola de la covid-19 ha provocado un preocupante rebrote de contagios, tensionado el sistema sanitario, aconsejado nuevas restricciones de la movilidad y contraído la actividad de los sectores más sensibles al contacto social (hostelería, restauración, pequeño comercio, transportes…) con el consiguiente impacto sobre el empleo.

Paralelamente, desde el diálogo social, la intervención gubernamental y los servicios públicos de empleo, se han prorrogado, e incluso ampliado, los dispositivos legales y de prestaciones sociales que ya habían demostrado su eficacia durante la primera ola de la pandemia para la reducción de sus efectos sociales potencialmente devastadores.

Desde la declaración del primer estado de alarma (14 de marzo) hasta finales de abril, en España se destruyeron casi un millón de empleos, el paro aumentó en 600.000 personas y una de cada tres empresas presentó Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), instrumento regulatorio diseñado para frenar el hundimiento del empleo, garantizar la renta de los trabajadores y mitigar la pérdida de tejido empresarial. Y todo ello en el marco de un mercado de trabajo que todavía no se había repuesto de la anterior crisis y arrastraba graves desequilibrios (paro, precariedad, brechas de género) que corregir y mejorar.

Durante los seis meses siguientes (mayo/octubre) creció la contratación y se recuperaron 569.600 empleos, al tiempo que eran rescatados de los ERTE y reincorporados a la actividad productiva otros 2.800.000 trabajadores, quedando la tasa de paro en el 16,3 %, diez puntos por debajo de la alcanzada en el momento más duro de la crisis anterior, gestionada autoritariamente en base a la desregulación del mercado de trabajo y las relaciones laborales, despidos colectivos y recortes sociales.

En esta ocasión se ha optado por un auténtico cambio de paradigma, desarrollando un modelo de gestión basado en los acuerdos sociales entre sindicatos y patronal para la defensa del empleo (ASDE), la regulación protectora del Estado (24 reales-decretos), la expansión de las prestaciones sociales a trabajadores asalariados y autónomos, así como ayudas directas e indirectas a las empresas (créditos ICO, exenciones fiscales, etcétera).

En el pico de la crisis, 7,3 millones de personas (más de un tercio de la población activa de nuestro país) recibieron prestaciones sociales a cargo del SEPE y la Seguridad Social: 3,4 millones de trabajadores asalariados por estar incluidos en ERTE, 1,5 millones de autónomos por cese de actividad, 2,1 millones de parados por prestación ordinaria de desempleo (contributiva o asistencial) y otros colectivos menores (trabajo doméstico, Ingreso Mínimo Vital, bajas laborales por covid).

Según cálculos oficiales, el mantenimiento de dichas prestaciones hasta final de año ascenderá aproximadamente a 34.000 millones de euros, de los que algo más de la mitad corresponde a salarios de trabajadores afectados por ERTE, 8.100 millones en ayudas a los autónomos, 6.350 millones por exoneración de cuotas de las empresas, etcétera.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la media mensual de perceptores de prestaciones por desempleo y ERTE entre abril y octubre ha sido de 469.084 personas, con un importe total de 2.052 millones de euros, mientras que el ICO ha concedido 7.800 millones de euros en créditos a más de 56.000 empresas. Se trata, sin duda, de un coste económico considerable que, sin embargo, ha generado importantes beneficios sociales, operando como amortiguador del impacto laboral de la crisis sanitaria y contribuyendo decisivamente al mantenimiento del empleo y la supervivencia de muchas empresas.

En la recesión posterior a la crisis financiera de 2008, España perdió el 4 % de su PIB, lo que provocó que el 7,2 % de los trabajadores se quedara sin empleo, es decir que por cada punto de caída del PIB el paro aumentaba en 1,8 puntos porcentuales. Por el contrario, durante el primer semestre de este año el PIB se ha reducido en un 12,8 % mientras que el empleo lo ha hecho sólo en un 9,5 %, poniendo de manifiesto una clara inversión de la tendencia de ajuste y el efecto positivo de las medidas de protección social adoptadas que han salvado millones de puestos de trabajo.

La reactivación actual de la pandemia y del estado de alarma, con las consiguientes restricciones en diversas sectores terciarios (hostelería, ocio, comercio…) está suponiendo también un rebrote del desempleo y la presentación de nuevos ERTE por limitación o impedimento de su actividad, así como la emergencia de nuevos colectivos necesitados de cobertura social, tales como los parados que han agotado sus prestaciones o subsidios y no logran acceder ahora a un nuevo empleo, o trabajadores de la cultura y los espectáculos afectados por el cierre de sus instalaciones.

Para hacer frente a dicha situación se han aprobado recientemente sendos reales decretos destinados a prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 la vigencia de los ERTE (RD 30/2020) y dotar de nuevas prestaciones a colectivos hasta ahora sin cobertura (RD 32/2020), con el objetivo reiteradamente declarado por el Gobierno de la nación de «no dejar a nadie atrás».