La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tumba por tercera vez en poco tiempo el V Acuerdo Marco de la Estiba de España. Las empresas y los trabajadores de los muelles (hay unos 7.000 empleados en el conjunto de grandes puertos, de los que 1.500 son de Valenciaport) siguen sin aclarar el futuro de sus convenios colectivos tras la reforma del sector iniciada en 2017 al exigir la Comisión Europea la liberalización del sector. Esta incertidumbre acentúa la preocupación y activa alarmas en las autoridadades portuarias, tal como han reconocido las empresas del sector y la propia entidad presidida por Aurelio Martínez.
El organismo regulador, aunque su dictamen no es vinculante, vuelve a emitir objeciones en el texto que regula las relaciones laborales al entender que hay limitaciones en la contratación y no se garantiza libertad de acción para que una empresa estibadora abandone un Centro Portuario de Empleo (CPE).
En medio de la presión y conflictos laborales de diversos colectivos portuarios de Bilbao, Barcelona y València (en este último se acaba de desconvocar un paro de estibadores al volver a negociar se el plan de formación sobre el nuevo sistema operativo que quieren implantar las terminales de contenedores de Cosco y Maersk), Competencia vuelve a dar otro varapalo al sector. El informe advierte de las «limitaciones a la contratación temporal de trabajadores».
Aspectos claves
Uno de los principales conflictos -y reivindicación histórica de los sindicatos de la estiba- es el control de la formación y promoción profesional. Pero no parece resolverse esa liberalización real de la actividad profesional en los muelles a tenor de lo que dice este nuevo informe de la CNMC, que apunta que «si la obligación de puesta a disposición de información, medios y sistemas de trabajo se realiza tan solo a favor» de los citados Centros Portuarios de Empleo «se produciría un riesgo sobre la competencia efectiva en la medida en que la preferencia de los CPE implique una expulsión de competidores reales o potenciales no amparada por la Ley». Además, la puesta a disposición de información implica un «riesgo de difusión de información comercialmente sensible».
En cuanto a las medidas convencionales para la garantía y la estabilidad en el empleo, Competencia constata que las nuevas referencias sobre la autoevaluación de eficiencias en el momento de la posible salida de una empresa del CPE «no garantizan por sí solas el cumplimiento de las exigencias a que se había hecho referencia en los informes anteriores».
Reitera también ese organismo público sus advertencias sobre la formación y prácticas no laborales. En concreto, sobre «el modo de ejercer las funciones» por la Comisión Sectorial Estatal de Formación. A pesar de la nueva redacción del artículo y que «valora positivamente» que se haya previsto el compromiso colectivo de nombramiento de tutores, Competencia resalta que «tal compromiso puede quedar fácilmente vacío de trascendencia práctica» por lo que debe preverse un «procedimiento concreto y acotado» temporalmente para la designación del tutor de las prácticas.
Como se recordará, la negociación de los planes de formación de la estibadores en el Puerto de València ha generado un duro pulso durante el último año entre las empresas estibadoras y los sindicatos valencianos que rechazaron de plano la implantación del sistema operativo denominado ‘Navis-4’ al considerar que reduce puestos de trabajo y salarios, lo que la patronal niega.
Prolongación de acuerdos
Llama la atención que en medio de este desconcierto legal empresas estibadoras y sindicatos hayan firmado esta semana la ampliación del convenio del sector. Este acuerdo tuvo el visto bueno del Centro Portuario de Empleo (CPE-Estibarna), Autoridad Portuaria de Barcelona y la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona (OEPB). La extensión de este pacto laboral se alarga hasta el 31 de diciembre de 2026.
