El Gobierno ha enviado a Bruselas su agenda legislativa para dar cumplimiento a las recomendaciones del próximo semestre europeo, en la que evita concretar el alcance de sus contrarreformas laboral y de pensiones. Entre los puntos que figuran en los documentos remitidos a la Comisión Europea no figura, entre otros, elevar a 35 años el cálculo de la pensión, tal como reconoció ayer en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
El Gobierno remitió el pasado lunes dos documentos a la Comisión Europea con las principales prioridades de su agenda legislativa para este ejercicio en materia sociolaboral. Los textos son fruto de la deliberación entre las dos formaciones que componen el Ejecutivo de coalición y reflejan los consensos del programa. No obstante, el nivel de concreción del redactado es más ambiguo y aborda, de manera pretendidamente superficial, el contenido a desarrollar. Esta fórmula es la que se ha impuesto en las reuniones en Moncloa, con la voluntad de no quedar atados de manos ante compromisos concretos y dejar margen para el diálogo social.
El Gobierno citó a patronal y sindicatos ayer para remitirles los textos remitidos a Bruselas. Fuentes conocedoras de los documentos explican que el nivel de concreción es inferior al del programa de coalición para permitir que la concreción de todas las medidas pase por el diálogo social. El planteamiento evita generar fricciones en el seno del Gobierno ante temas como las pensiones (donde hay planteamientos contrapuestos en determinados puntos) y, a su vez, responde a la petición de los sindicatos de no ser «tan taxativos como para dejar sin oxigeno las mesas de diálogo social», según planteó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, la semana pasada. «No vamos a admitir a un tercero en la negociación», insistió ayerel líder de UGT, Pepe Álvarez.
Protesta
Precisamente, los sindicatos han reactivado su agenda de movilizaciones para urgir al Gobierno a que retome su agenda de reformas en materia laboral y de pensiones, interrumpida por la pandemia. CCOO y UGT han convocado el 11 de febrero concentraciones en las principales ciudades de España para presionar al Ejecutivo para reiniciar la derogación de parte de las reformas laboral y de pensiones heredadas del PP. Así lo presentaron sus líderes en una rueda de prensa ayer.
