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Tribuna

Aduanas razonables

aduanas razonables

H ay pocos asuntos en los que (casi) todos podemos estar de acuerdo. Uno de ellos es el daño directo y real que provoca el fraude fiscal sobre la economía y las arcas públicas. El proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal definido por el Gobierno aborda aspectos vinculados a la evasión fiscal como la prohibición de las amnistías fiscales o la limitación de los pagos en efectivo. Sin embargo, esta misma ley, aborda cuestiones bien diferentes, y de las que poco se habla, que afectarán a la competitividad del comercio exterior de España en el marco europeo.

El texto plantea la modificación del IVA a la importación, extendiendo el régimen de responsabilidad hasta límites económicamente insostenibles que afectarán a los 49.000 profesionales que integramos el sector aduanero. Si este proyecto de ley sigue adelante, los operadores logísticos que actuamos de intermediarios en el despacho de mercancías seremos responsables de la deuda aduanera en la que puedan recaer nuestros representados, que son empresas mercantiles de todas partes del mundo.

Dichas modificaciones exigen a los agentes y representantes aduaneros responder sobre el IVA a la importación (y otros impuestos asociados) mediante unas garantías financieras desproporcionadas que, más allá de ahogar económicamente a un sector que no cuenta con dichos recursos, alentará a la deslocalización de las actividades y puestos de trabajo asociados a otros países de la Unión Europea con un régimen más favorable y equilibrado al desarrollo de la actividad. Tal y como está redactada la futura ley, la representación aduanera pasaría a ser una actividad prácticamente insostenible en nuestro país.

El efecto inmediato sería la pérdida de empleo en España. Un informe de la firma de servicios profesionales EY calcula que hasta 10.200 empleos podrían desaparecer para 2025 debido a la más que probable huida de empresas a países con normativas más favorables y al ‘ahogamiento’ de pymes y autónomos dedicados a esta actividad.

Las disposiciones de la nueva normativa también impactarían de manera negativa sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica. Cabe destacar que este impacto sería sustancialmente acusado en aquellas áreas de la geografía española con mayor dedicación a actividades logísticas y de comercio exterior, como es el caso de la Comunitat Valenciana.

Resulta pues ilógico que una normativa que precisamente busca remediar un mal genere otros equiparables o incluso mayores, como poner en peligro puestos de trabajo y menoscabar la competitividad de la economía española. Por ello, pedimos una Ley Aduanera específica que trate en profundidad todas estas cuestiones. Y este, creo, también es un asunto en el que (casi) todos podemos estar de acuerdo.

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