Los números son concluyentes. Feria Valencia se encuentra en una situación insostenible. Al borde de la quiebra si antes del 31 de marzo, cuando finalice el plazo para formular sus cuentas de 2020, no llega una solución que quite de sus espaldas la enorme losa de la deuda contraída por sus obras de ampliación de principios de siglo. Esa deuda alcanza los 474 millones de euros y será subrogada por la Generalitat en febrero. La administración autonómica impuso en el proceso una cuenta acreedora por la que en la práctica ese dinero se lo seguirá debiendo Feria Valencia. La Conselleria de Hacienda considera que solo se podrá cancelar si a cambio obtiene patrimonio, en forma de terrenos, edificios y concesión, que están en manos del Ayuntamiento de València, reacio a ceder, pese a que no ha hecho aportación monetaria alguna a la institución.
Así las cosas, la Feria se encuentra atrapada, con el ejercicio 2020 ya cerrado y una coyuntura contable calamitosa. La situación es tan dramática que el director general, Enrique Soto, ha remitido al comité ejecutivo un documento, al que ha tenido acceso este diario, en el que da cuenta del desastre al que se enfrenta la empresa. La citada cuenta acreedora ha provocado que 2020 termine con un «resultado negativo de 92 millones de euros» y que el resultado bruto de explotación, el denominado Ebitda, lo sea en otros dos como consecuencia de la cancelación de la actividad de la entidad por la covid desde el pasado marzo y a la ausencia de «efectiva y suficiente inyección de liquidez» por parte de la Generalitat. El balance de situación a cierre de 2020 revela que el patrimonio neto será negativo en 83 millones y que los fondos propios los serán en 97.
A resultas de todo ello, Feria Valencia se halla «en una situación de insolvencia inminente», dado que «no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones». Tan es así que «ni siquiera podrá atenderse el pago de las nóminas».
En vista del panorama, el escrito es claro: «La ausencia de liquidez y, por tanto, la insolvencia, constituye el presupuesto objetivo para instar la declaración de concurso ante los juzgados de lo Mercantil». En ese caso, «atendida la situación financiera (patrimonio neto y fondos propios negativos), instado el procedimiento de concurso este derivaría en la declaración de quiebra y la obligación de proceder a la disolución de la institución, sin perjuicio de las consecuencias o efectos colaterales que de ello pudieran derivarse en cuanto a eventuales responsabilidades en el caso de que llegara a estimarse por el órgano jurisdiccional una falta de la diligencia debida para evitar esta situación que, insisto, eventual o potencialmente, podría afectar a los órganos de gobierno de la Feria». En relación con eso, el documento recuerda que, de no modificarse los plazos como consecuencia de la pandemia -lo que no parece contemplarse a fecha de hoy-, el próximo 31 de marzo deberán hallarse formuladas las cuentas anuales que deberán someterse a auditoría externa, lo que, necesariamente, pondrá en evidencia cuanto venimos exponiendo toda vez que esta situación impide la aplicación contable del principio de empresa en funcionamiento, obligando a la aplicación del principio de entidad en estado de liquidación». Es decir, el fin.
La entidad urge a un acuerdo Consell-Ayuntamiento
El documento enviado al comité ejecutivo reclama que el vicepresidente de la institución, al estar vacante la presidencia, convoque de manera inmediata al citado órgano de gobierno o, en su caso, al patronato de forma urgente para tomar dos medidas. La primera está relacionada con que la «eventual declaración de quiebra» podría «soslayarse -al menos, en cuanto a su inmediatez- mediante la suscripción formal de un preacuerdo, convenio o protocolo de intenciones en el que se recogiera la vía de solución para la cancelación de la cuenta acreedora», auténtica espada de Damocles sobre la supervivencia ferial, «adaptando o sustituyendo el protocolo de intenciones suscrito el 5 de julio de 2017 entre Generalitat y Ayuntamiento de València» por el que la primera se subrrogaba la deuda y el segundo rescataba la concesión a Feria y la cedía a la Administración autonómica.
De esta forma, «consideramos» que en el informe de auditoría de las cuentas de 2020 «cabría la posibilidad de justificar la calificación actual de ‘incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento’», «evitando con ello la introducción de una salvedad en la que se declare la procedencia del principio de estado de liquidación».
La segunda medida a tomar por el comité sería solicitar a la Generalitat una inyección de liquidez «con carácter inmediato por un importe no inferior a seis millones de euros para evitar la obligación de instar la declaración de concurso» y para pagar nóminas, a proveedores y tributos. La institución casi no ha tenido ingresos desde el pasado febrero y la cancelación por la covid de Cevisama, prevista para este mayo, augura un 2021 drámatico.
