Feria València se encuentra en una situación agónica, tanto que en el plazo de poco más de dos meses podría ir a la quiebra. Sin ingresos desde marzo del año pasado por la covid y la expectativa de un 2021 también magro, sobre todo tras cancelar su principal evento, Cevisama, la entidad carece de dinero incluso para pagar nóminas, tributos y a sus proveedores. Va a pedir al menos 6 millones de liquidez inmediata al Consell. Tal como publicó ayer este diario, ha cerrado el ejercicio 2020 con unos resultados negativos de 92 millones de euros. Su patrimonio neto está en números rojos de 83 millones y los fondos propios, de 97. Un desastre. El director general, Enrique Soto, ha pedido una reunión urgente al comité ejecutivo para tomar medidas inmediatas.
La gran losa de la institución sigue siendo los 474 millones que aún adeuda por las obras de ampliación de principios de siglo. Paradójimente, parecería que se ha librado ya de ella, porque a principios de febrero, concluidos los últimos trámites, esa deuda quedará subrogada en la Generalitat, que hasta ahora pagaba la parte anual que casi nunca pudo asumir Feria Valencia mediante subvenciones. El problema es que la operación incluye una cuenta acreedora, que implica que la institución adeuda los citados 474 millones a la administración autonómica en tanto en cuanto esta no logre un canje patrimonial que la cancele. Esa es la causa de las abultadas pérdidas de 2020.
No obstante, Feria Valencia carece de propiedades sustanciales, porque los terrenos donde se ubica y los inmuebles donde ejerce su negocio pertenecen al ayuntamiento de València. La conselleria de Hacienda del socialista Vicent Soler pretende que este le ceda esos inmuebles, con alguna compensación de por medio, para cancelar la deuda y el consistorio dirigido por Joan Ribó no cede argumentando cuestiones patrimoniales y contables.
Un acuerdo entre las partes es básico para evitar la quiebra.Aunque la mayoría de fuentes consultadas creen que no se llegará tan lejos, lo cierto es que esa posibilidad está encima de la mesa. ¿Qué sucedería en ese supuesto? Lo peor del caso es que no hay un criterio legal claro. Dicho de otro modo, hay dudas jurídicas, cada instancia tiene su opinión y la mayoría no sabe qué pasaría en realidad, lo cual si cabe es más que inquietante.
En principio, una cosa parece clara, tal como expresa el director general ferial en su informe al comité ejecutivo: sin acuerdo, la institución tendrá que instar la declaración de concurso ante los juzgados de lo Mercantil y la consecuencia sería la declaración posterior de quiebra y la disolución. En tal caso, se iría a un proceso de liquidación en el que se analizarían las deudas y los bienes para hacer frente a ellas. De estos últimos, Feria Valencia, al margen del mobiliario interno, solo dispone de la concesión, que en ese caso revertiría en el ayuntamiento y, con ella, el uso de los terrenos y los edificios.
La deuda recaería en la Generalitat. En principio, porque Hacienda cree que también deberían hacerse cargo las otras dos instituciones que componen el patronato ferial: Cámara de Comercio y Ayuntamiento. Otras fuentes apuntan que «quien debe responder en una mercantil es la sociedad, no los socios; otra cosa es que hubiera una actividad negligente o delictiva».
Sea como fuere, de consumarse el desastre, la situación sería absurda, porque el Consell mantendría la deuda y el ayuntamiento se quedaría con un espacio, donde desarrolla su actividad la Feria, sin casi posibilidades de uso pero con gastos cuantiosos. Y es que la competencia en materia ferial ha pasado a la Generalitat y, por tanto, el consistorio no podría ni crear una mercantil para esa misión -podría incurrir en sucesión de empresas y tener que hacerse cargo de toda la deuda- ni dar una nueva concesión a otra empresa. La semilla del desierto, vamos. Es más, en la parte socialista de la Generalitat consideran que el ayuntamiento tendría que pagar a la Feria por los años -son 50 desde 2002- que restaran por la concesión no usada. Un dinero que serviría para rebajar deuda.
Desde el consistorio se traslada una posición de cierta prepotencia, hasta el punto de dudar de que a Feria Valencia se le pueda aplicar la legislación mercantil. Desde la entidad dirigida por Ribó trasladan a sus homólogos en este largo proceso que no otean amenaza alguna para ellos en el supuesto de que la institución ferial vaya a la quiebra.
En la Conselleria de Economía, también de Compromís, admiten que el ayuntamiento «se está poniendo de perfil» en esta cuestión y ponen sobre la mesa una opción de consenso: que la Generalitat se quede la deuda y, después, ya con la feria en el ámbito público, se decida si el consistorio quiere o no participar en la futura sociedad gestora, por ejemplo aportando terrenos y edificios.
