Nuevo capítulo en la ‘guerra del cava’ en España, que afecta a los cuatro territorios de producción de este vino espumoso: Cataluña, Requena, Almendralejo (Extremadura) y Valle del Ebro (Aragón y La Rioja). El Tribunal Supremo acaba de declarar nula la reforma impuesta por el Ministerio de Agricultura que acepta las recomendaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava (controlado por bodegas catalanas y que impone restricciones a nuevas plantaciones de viñedos) pero impide a otras comunidades autónomas ser escuchadas por el Gobierno central.
La sentencia del alto tribunal, ante la que no cabe recurso, anula dos artículos de la reforma del Ministerio dirigido por Luis Planas que eliminó la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas a la hora de restringir al máximo las plantaciones de viñedos de la DO en toda España. El organismo regulador, con sede en Vilafranca del Penedès, ha propiciado en estos últimos años que se congele o disminuya a su mínima expresión las nuevas superficies de de viñedo en España, más rentable que otras variedades para los agricultores por su mayor precio.
La DO Cava cuenta con unas 6.500 explotaciones que agrupan este producto en 37.955 hectáreas y producen 249.500 botellas aproximadamente (el 66% de las ventas son exportaciones). Mientras la superficie catalana dedicada a uva para cava apenas puede seguir creciendo y, de hecho, su mercado disminuye durante los últimos tiempos, el cava valenciano y extremeño han venido disfrutando de una demanda creciente.
De hecho, Requena se ha erigido como la segunda zona productora después de Cataluña con unas 4.000 hectáreas, pasando en los últimos 15 años de 1,5 millones de botellas a más de 9 millones de las firmas Torre Oria, Pago de Tharsis, Dominio de la Vega, Chozas Carrascal, Coviñas, Dominio de la Vega y UVE. Con todo, las grandes compañías del cava han recortado un 40% los precios en origen desde 2019 y ponen en peligro la viabilidad de una interesante alternativa de cultivo en esta zona valenciana del interior.
El negocio de cava de procedencia Cataluña estaba disminuyendo en estas últimas campañas su mercado, en cambio el cava del ámbito territorial de Almendralejo y Requena ha aumentado su consumo de manera importante.
Según el presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, Emilio Expósito, «la buena noticia es que la sentencia del Supremo avala que las recomendaciones de regulación del sector queden en manos del Gobierno y no del consejo regulador, que tampoco escucha a las comunidades autónomas». En opinión del empresario de Requena, cuyas bodegas ni agricultores carecen de representación en la DO Cava, «las autonomías deberían tener poder de hacer propuestas en la regulación de nuevas autorizaciones de viñedos que realiza el Gobierno». Pero no es así. La Generalitat está representada en este organismo con voz, aunque sin voto. Los bodegueros de Requena sostienen que el sector sí requiere regulación. «Tampoco es ahora el momento de autorizar grandes plantaciones porque se podría hundir el mercado», reconoce Expósito.
Consell y agricultores
El pronunciamiento del Supremo tampoco ha pasado desapercibido a la Generalitat. Según el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, «debemos aprovechar la sentencia para reclamar que las autonomías tengan derechos de voto». El alto cargo del Consell afirma que la DO Cava debe «abrir puertas» a las autonomías productoras de vinos espumosos y reconocer sus «propuestas de zonificación y especialización en un momento delicado» para esta actividad dada la caída del consumo y la situación del mercado derivada de la pandemia de coronavirus.
El consejo regulador de la Denominación de Origen Cava aprobó en mayo de 2020 por unanimidad la segmentación y zonificación del sector con la idea de poner en valor el origen y el territorio del cava. Debido al impacto de la covid-19 también aplicó una restricción histórica, limitando la producción a 10.000 kilogramos de uva por hectárea (antes estaba en 12.000).
Por su parte, AVA-Asaja califica de «buena y justa» la sentencia y exige al Gobierno central que «tome la iniciativa en la guerra del cava sin ceder todo el control a Cataluña y alcanzando un consenso con todas las autonomías implicadas».
