El Consejo General de Agentes de Aduanas advierte sobre la posible pérdida de hasta 10.200 empleos para 2025 debido al endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera contemplado en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que podría suponer el desplazamiento de la actividad aduanera a otros países de la UE y la concentración del sector.
El impacto sería sustancialmente acusado en aquellas autonomías con mayor dedicación a actividades logísticas y de comercio exterior, como la Comunitat Valenciana. Estas son las principales conclusiones de un informe elaborado por la firma de servicios profesionales EY, en el que se estima que las disposiciones contenidas en la actual iniciativa legislativa ponen en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica.
El proyecto de la nueva Ley contra el fraude fiscal contempla, entre otros, la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, endurece la limitación de los pagos en efectivo, prohíbe por ley las amnistías tributarias y modifica el impuesto sobre el Valor Añadido en su afectación a la normativa aduanera.
El informe elaborado por EY advierte de que una vez que se establezca el llamado ‘Despacho Centralizado Europeo’, que permitirá operar desde Hamburgo o Róterdam mercancías que han llegado a Algeciras o València, «parece previsible que los operadores eludan la aplicación del muy riguroso régimen de responsabilidad que pueda estar vigente en España», advierte Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España
El desplazamiento de actividad a otros Estados de la UE podría tener un impacto de entre 6.000 y 9.000 empleos y otros 700 a 1.200 empleos como resultado de la mayor concentración empresarial.
