El proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal afecta de lleno a los agentes de aduanas -intermediarios que facilitan los procesos de importación y exportación de mercancías entre territorios de fuera de la Unión Europea (UE)- al dejar en el aire el futuro de 220 empresas y unos 3.000 trabajadores que operan en el Puerto de València. Esta reforma legislativa propuesta por el Gobierno, que acaba de superar la fase de enmiendas en el Congreso, puede tener consecuencias «nefastas» para el citado colectivo profesional, formado mayoritariamente por pymes y autónomos, según advierte en declaraciones a Levante-EMV el presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de València, Emilio Guardiola.
En este proyecto de ley el Ejecutivo central se plantea la modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la importación para obligar a los operadores logísticos que despachan mercancías a ser responsables de la deuda con la Agencia Tributaria que puedan generar las empresas que importan productos. Hasta ahora, las empresas importadoras son responsables de soportar el citado tributo en el caso de que las mercancías se retengan en los muelles o por tener que iniciar nuevos procedimientos administrativos que eleven los impuestos.
El proyecto de ley antifraude «exige unas garantías financieras desproporcionadas que, más allá de ahogar económicamente a un sector que no cuenta con dichos recursos, alentará a la deslocalización de las actividades y puestos de trabajo asociados a otros países de la Unión Europea, con un régimen más favorable y equilibrado al desarrollo de la actividad», advierte el presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de València. La representación aduanera pasaría a ser una actividad prácticamente insostenible y un tercio de la representación aduanera podría desaparecer en 2025, asegura este profesional valenciano del sector.
En los despachos de los agentes de aduanas vinculados al Puerto de València, emplazamiento marítimo que canaliza el 40 % del comercio exterior de toda España, se tramitan anualmente algo más de 5,6 millones de declaraciones y trámites de comercio exterior. Eso deja una facturación de unos 168 millones de euros a las pymes que se mueven en el entorno del recinto del Grao. En España, si se suma la actividad de grandes transitarias con servicios de gestión, se estima una cifra de negocio anual conjunta algo superior a los 13.000 millones de euros, con un nivel de ocupación de unos 80.000 empleos directos.
En opinión del dirigente del Colegio de Aduanas de València, el mencionado proyecto de ley, además de ahogar financieramente al sector, «provocará con toda seguridad un desplazamiento de la actividad que presta este sector a puertos de otros países de la Unión Europea con régimen de responsabilidad más favorable para los intermediarios».
En ese sentido, Emilio Guardiola sostiene que las navieras podrían desviar buques hacia otros recintos competidores de Valenciaport. Además, los agentes de aduanas advierten de que se puede producir una concentración de mercado entre los operadores de mayor tamaño; con el consiguiente riesgo de pérdida de actividad para las pymes.
Paralelamente al impacto del proyecto de ley de medidas antifraude fiscal del Gobierno, el varapalo para los agentes de aduanas también vendrá de la próxima puesta en marcha del llamado Despacho Centralizado Europeo, sistema que Bruselas ha ordenado implantar en todos los Estados de la UE antes del año 2025. Eso permitirá, por ejemplo, que una empresa aduanera de Holanda (con menores riesgos, barreras y costes para realizar la tarea), pueda despachar mercancías que estén entrando por cualquiera de los recintos de España.
Según un informe de Valenciaport, cuando se aplique en España el terreno aduanero único en la UE, la pérdida de declaraciones aduaneras que se podían realizar en otros países con menores barreras supondrá unas pérdidas económicas de hasta 126 millones de euros para las empresas valencianas.
