El recurso interpuesto por la empresa valenciana Oliva Park contra el Impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy hace casi nueve años para paliar el déficit de la tarifa eléctrica, ya tiene respuesta del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La sentencia publicada ayer por la justicia europea rechaza las alegaciones de la empresa y aclara que el gravamen es legal y no vulnera las directivas europeas sobre productos energéticos, impuestos especiales y fomento del uso de energía procedente de renovables entre otros. La decisión libra al Estado de tener que devolver más de 10.000 millones de euros, una de las amenazas que se cernían sobre este tributo.

Según alegó la mercantil valenciana, pese a su regulación como impuesto directo, la naturaleza y los elementos esenciales del impuesto son los propios de un gravamen indirecto que, pese a tener nominalmente una finalidad medioambiental es esencialmente un impuesto recaudatorio, sin fin específico, sin un fin específico extrafiscal, que discrimina la producción de energía eléctrica derivada de fuentes renovables y que distorsiona el mercado interior de energía eléctrica y vulnera la libre competencia.