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Las organizaciones agrarias rechazan la ‘ley estrella’ del ministro Planas

Asaja, Coag, UPA y Unió consideran «confuso» el término «coste efectivo de producción» en la Ley de la Cadena Alimentaria, al no incluir gastos como los seguros o la mano de obra familiar

Las organizaciones agrarias rechazan la ‘ley estrella’ del ministro Planas

Las organizaciones agrarias rechazan la ‘ley estrella’ del ministro Planas

El sector agrario rechaza de forma unánime la Ley de la Cadena Alimentaria impulsada desde el Gobierno para garantizar la mejora de todos los eslabones de esta actividad económica. El texto remitido al Congreso por el Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Planas, enciende la alarmas de Asaja, Coag, UPA y Unió de Llauradors porque en este trámite parlamentario se han introducido cambios al incluir el concepto «coste efectivo de producción». Estas entidades proponen eliminar el término «efectivo», al entender que puede conducir a una definición confusa y que no permitirá en los contratos de compraventa fijar unos costes de referencia por debajo de los cuales quede terminantemente prohibido cerrar un precio con el operador comercial.

Las organizaciones de agricultores y ganaderos sostienen que «no es admisible que la mano de obra familiar, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, costes salariales del propio agricultor, costes de oportunidad de la tierra, o seguros agrarios y seguros en general, no puedan computarse a la hora de establecer los costes de producción de una explotación», asegura el documento conjunto presentado por Asaja, Coag y UPA. Según la Unió de Llauradors, «hay que evitar que el coste efectivo se convierta en el precio máximo que cobre, en este caso, el productor». Por otro lado, advierte de que «el debate está en quién debe establecer un coste de producción de referencia para evitar presiones y fraudes».

En el caso de los cítricos, caracterizado por la presión a la baja de los precios en origen por parte de los operadores comerciales y la gran distribución, un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y de la Universidad Politècnica de Cartagena cuantifica los costes medios de producción de los cítricos en España. Así, los sitúa en 0,23 euros por kilo en el caso de la naranja (variedades navelina y lanelate), 0,28 €/kg en la mandarina (clementinas) y 0,20 €/kg en el limón (fino y verna).

En ese sentido, y más allá del sector naranjero, las organizaciones agrarias consideran «absolutamente imprescindible» incidir en la generación de índices de referencia públicos y clarificar, en el texto legal, su utilización como guía para los precios de los contratos.

Además, reclaman un artículo en el que ser recoja que las negociaciones comerciales anuales se cerrarán y firmarán por las empresas en el marco de unos plazos «razonables, no superiores a los tres meses desde su inicio». Y proponen un registro electrónico de contratos para reducir las posibilidades de fraude de ley.

Respecto a las empresas de la distribución, ven necesario concretar, en el caso de las promociones en punto de venta, cuándo se está induciendo a error al consumidor sobre la imagen o el valor de los productos y demandan que se identifique su precio «claramente» en la información publicitaria, la cartelería y los tickets de compra «para que no pueda dar lugar a equívocos».

Entre sus alegaciones también piden al Gobierno central que incluya al canal ‘horeca’ (hoteles, restaurantes y cafeterías) en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, pues hasta ahora no les afecta, «para evitar dejar fuera operaciones comerciales, como ocurre actualmente», de los productores con estas empresas.

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