El Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, destina 489 euros por parado y año en sus políticas activas de empleo; es decir, en gastos corrientes y aquellos destinados a impartir cursos de formación y planes de ayudas e incentivos a las empresas para que contraten a personas desocupadas. Los recursos económicos de Labora por demandante de empleo, procedentes de transferencias del SEPE (Gobierno central), Fondo Social Europeo (FSE) y Generalitat, sitúan a la Comunitat Valenciana en la cola de España en el «ranking» del gasto en políticas activas de empleo, situada en una media de 633 euros por parado y muy lejos del destinado en territorios como Cantabria (1.400 euros), País Vasco (1.200 euros) o Extremadura (1.180).
Así lo advierte el último documento de la Sindicatura de Comptes, cuyo informe de auditoría, correspondiente a los ejercicios de 2017 y 2018, señala que la Comunitat Valenciana se encuentra en el 15º puesto en el Índice de Cumplimiento de los Objetivos (ICO) trazados en los planes de actuación de empleo de las 17 autonomías. El organismo fiscalizador reconoce que Labora ha incrementado la ratio de gasto corrriente por parado en estos últimos años, si bien eso tiene que ver más con la disminución del número de parados (en la actualidad ya superan los 450.000 desempleados registrados) que en el incremento del gasto. Según la Sindicatura, esta circunstancia «podría devenir en una insuficiente financiación autonómica que obliga a priorizar la utilización de unos recursos limitados».
En relación con el seguimiento de los objetivos de ocupación trazados por Labora, el citado informe indica que durante el período 2016-2018 «sólo uno de cada cuatro demandantes de empleo que ha finalizado con resultado apto un programa formativo se ha empleado en la familia profesional en la que ha recibido la formación dentro de los seis meses siguientes a sus finalización».
Respecto a la labor de intermediación laboral, destaca el «reducido número» de visitas que realizan los especialistas de Labora para mediar en la contratación de demandantes de empleo: un total de 4.828 empresas, con una media de 6,2 visitas diarias. Al menos una de cada tres empresas contactadas presentó una oferta de trabajo en los seis meses siguientes. Por otro lado, el 80 % de los contratos subvencionados los formalizaron colectivos prioritarios; es decir, los más vulnerables y con mayores dificultades de inserción laboral.
A la hora de hacer balance de Plan Avalem Joves (con un presupuesto de 205 millones de euros entre 2016-2020) destaca que el 79,4 % de los beneficiarios lograron una ocupación, si bien hubo un «claro desajuste entre los objetivos y las actuaciones realizadas». En ese sentido, constata que el citado programa preveía un gasto por beneficiario de 2.278 euros. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2018 el gasto alcanzado fue de 5.288 euros por beneficiario, con lo que se gastó más de lo presupuestado. Al final se beneficiaron 39.658 jóvenes, de los que 31.494 lograron un empleo. La tasa de paro juvenil es del 25,1%.
En líneas generales, la Sindicatura de Comptes advierte de que «no se han cumplido las metas». Por eso, añade que «se ha observado ineficacia en el grado de ejecución del presupuesto (59%), que ha contribuido al escaso cumplimiento de los indicadores (53%). Labora alega que ha iniciado un proceso interno de actualización del Plan de Empleo 2016-2022. Su objetivo es «mejorar la definición, despliegue y mecanismos de evaluación de los objetivos, programas y actuaciones incluidas en dicho plan».
