Puertos del Estado ha despejado el camino a la ampliación norte del Puerto de València al considerar válida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 que estaba en el origen de la parálisis de una infraestructura que la autoridad portuaria considera esencial para su desarrollo pese a la posición contraria de otros actores políticos y sociales de la ciudad como el propio ayuntamiento dirigido por Joan Ribó, de Compromís, o la Comissió Ciutat-Port, integrada por plataformas vecinales y ecologistas que se oponen a la citada operación. No obstante, Puertos del Estado, en la nota que ha hecho pública hoy, concluye que será la Autoridad Portuaria de València (APV) la que, como órgano sustantivo, sea la encargada de determinar la necesidad de realizar una nueva evaluación ambiental.
Las conclusiones del informe jurídico establecen que, puesto que el proyecto de ampliación cuenta con DIA favorable y las obras comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de ésta, se considera que la DIA está vigente, puesto que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental, incluyendo la actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Por otro lado, la nota técnica concluye que las modificaciones planteadas en el anteproyecto de las obras a realizar para el desarrollo de la terminal de contenedores en la ampliación Norte no parecen incurrir en ninguno de los supuestos del artículo 7.2.c de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que determinan cuándo las modificaciones de proyectos que cuentan con DIA en vigor deben someterse a nueva evaluación ambiental.
No obstante, la nota añade que "cabe destacar que la Autoridad Portuaria de València, en su condición de órgano sustantivo del proyecto será quien debe asumir la responsabilidad de determinar el sometimiento o no a evaluación ambiental de las actuaciones contempladas en el anteproyecto presentado, con lo que la nota técnica y el informe jurídico remitidos por Puertos del Estado no constituyen más que una respuesta de carácter informativo emitido ante una consulta realizada por la propia Autoridad Portuaria".
Por otra parte, en la nota técnica se recomienda que, en caso de que la Autoridad Portuaria de València tome la decisión de considerar las actuaciones que constituyen la versión final del anteproyecto exentas de evaluación ambiental simplificada, "se acredite previamente a la aprobación de los correspondientes proyectos, que la intensificación de la actividad de dragado en la dársena interior del puerto de València no conduce a un incremento significativo de vertidos al litoral con respecto al proyecto original sometido a Declaración de Impacto Ambiental; asimismo, que el material sobrante procedente de las demoliciones o de la retirada prevista de instalaciones portuarias ya ejecutadas, y que figuran sin destino concreto, será reutilizado para relleno de explanadas o para otras infraestructuras del puerto, de forma tal que no suponga un incremento significativo de la generación de residuos con respecto al citado proyecto original; y que, por último, se constate la inexistencia de nuevos yacimientos no inventariados en los estudios arqueológicos más detallados establecidos en la DIA como medida correctora".
La Autoridad Portuaria de València adjudicó en septiembre de 2019 a MSC, a través de su filial Terminal Investment Limited (TIL), la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del recinto del Grao. Se trata de una gigantesca infraestructura de 136 hectáreas de superficie y con capacidad para albergar cinco millones de contenedores, donde la naviera interesada prevé invertir unos 1.100 millones de euros y Valenciaport, otros 400 millones.
En aquel momento, la APV preveía que el proceso de adjudicación estaría finalizado en marzo de 2020, una vez superado el periodo de información pública. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado al entrar en escena la cuestión clave sobre la vigencia o no de la citada DIA y, por tanto, si era necesario realizar una nueva. Los informes técnicos del puerto indicaban que no era necesario renovar la declaración ambiental porque los cambios son "exclusivamente interiores" a los diques de abrigo ya ejecutados y que el consumo de recursos naturales y el impacto sobre el medio eran inferiores respecto al proyecto original.
No obstante, la cuestión se elevó a Puertos del Estado para que dirimiera la conveniencia o no de una nueva DIA. A finales del pasado marzo, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, aseguró que si el organismo público se inclinaba por una nueva DIA todo el proyecto se demoraría entre tres o cuatro años y para entonces estaría por ver si TIL-MSC seguía interesada en el mismo o vendrían otros operadores. Martínez aseguró ese día que podría otorgarse la concesión en el próximo consejo de administración de la APV, previsto, en principio, para abril.
