Con júbilo recibió ayer la Autoridad Portuaria de València (APV) los informes técnicos y jurídicos de Puertos del Estado que en la práctica suponen despejar el camino al proyecto de mayor magnitud que tiene entre manos el recinto del Grao: la ampliación norte, que conlleva una inversión de casi 1.500 millones de euros, de los cuales unos 1.100 corresponden al operador y 400, a la APV. La iniciativa, adjudicada a TIL-MSC en septiembre de 2019 para la construcción de una terminal de 136 hectáreas de superficie y con capacidad para 5 millones de contenedores, estaba paralizada por las dudas que surgieron sobre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuya aprobación se remontaba a 2007.
Ante el rechazo a las obras por parte del Ayuntamiento de València, dirigido por el político de Compromís Joan Ribó, y de algunas organizaciones vecinales y ecologistas, la APV decidió realizar una consulta al citado organismo dependiente del Ministerio de Transportes, que ayer se pronunció de forma definitiva en favor de los intereses de la APV.
Las conclusiones del informe jurídico establecen que, dado que el proyecto de ampliación cuenta con DIA favorable y las obras comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de ésta, «se considera que la DIA está vigente, puesto que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental».
Por otro lado, la nota técnica concluye que «las modificaciones planteadas en el anteproyecto de las obras a realizar para el desarrollo de la terminal de contenedores en la ampliación Norte no parecen incurrir en ninguno de los supuestos del artículo 7.2.c de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que determinan cuándo las modificaciones de proyectos que cuentan con DIA en vigor deben someterse a nueva evaluación ambiental».
No obstante, la nota añade que «cabe destacar que la Autoridad Portuaria de València, en su condición de órgano sustantivo del proyecto, será quien debe asumir la responsabilidad de determinar el sometimiento o no a evaluación ambiental de las actuaciones contempladas en el anteproyecto presentado, con lo que la nota técnica y el informe jurídico remitidos por Puertos del Estado no constituyen más que una respuesta de carácter informativo emitido ante una consulta realizada por la propia Autoridad Portuaria». Y es que el Ministerio de Transición Ecológica ha considerado que todas las autoridades portuarias españolas son órganos sustantivos, lo que implica que tienen la última palabra en todo lo que afecta al interior de su recinto, como sería el caso. Es, por tanto, la APV la que tiene que decidir en su caso si cree necesario hacer otra DIA.
Por otra parte, en el mismo documento se recomienda que, en caso de que la Autoridad Portuaria de València tome la decisión de considerar las actuaciones que constituyen la versión final del anteproyecto exentas de evaluación ambiental simplificada, «se acredite previamente a la aprobación de los correspondientes proyectos que la intensificación de la actividad de dragado en la dársena interior del puerto de València no conduce a un incremento significativo de vertidos al litoral con respecto al proyecto original sometido a DIA».
Asimismo, dice «que el material sobrante procedente de las demoliciones o de la retirada prevista de instalaciones portuarias ya ejecutadas, y que figuran sin destino concreto, será reutilizado para relleno de explanadas o para otras infraestructuras del puerto, de forma tal que no suponga un incremento significativo de la generación de residuos con respecto al citado proyecto original; y que, por último, se constate la inexistencia de nuevos yacimientos no inventariados en los estudios arqueológicos más detallados establecidos en la DIA como medida correctora».
Sin obstáculos en el horizonte ya, la Autoridad Portuaria de València (APV) se dispone a aprobar de forma definitiva la adjudicación de la nueva terminal. No será una decisión inminente, porque, como explicaron fuentes oficiales de la APV ayer a este diario, ahora quedan algunos trámites previos, el primero de los cuales es estudiar los documentos enviados por Puertos del Estado, singularmente la nota técnica. Después llegará el turno de comunicar el resultado a TIL-MSC para que esta se ratifique en sus intenciones, algo que nadie duda de que será en forma positiva. Si esta ruta no se desvía, el consejo de administración de la APV aprobará la adjudicación definitiva en la primera reunión «en que se pueda».
Los dirigentes del recinto portuario no tienen intención de pedir una nueva DIA porque consideran, como dice Puertos del Estado, que la de 2007 está vigente. De hecho, la consulta al citado organismo del Ministerio de Transportes fue por «precaución», porque los informes técnicos de la APV ya indicaban que no era necesario renovar la declaración ambiental porque los cambios son «exclusivamente interiores» a los diques de abrigo ya ejecutados y que el consumo de recursos naturales y el impacto sobre el medio eran inferiores respecto al proyecto original.
Ayuntamiento
Las citadas fuentes aseguraron, además, que la autoridad portuaria valenciana no puede tampoco echarse atrás en su decisión, porque, si lo hiciera, «estaría prevaricando», en el sentido de que adoptaría una medida contraproducente para el operador marítimo TIL-MSC. Además, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de considerar a las autoridades portuarias como órganos sustantivos blinda a estas entidades en relación a las decisiones estratégicas que adoptan en sus respectivos recintos. Dicho de otra manera, el alcalde de València, Joan Ribó, como ha hecho ya, puede votar en contra de la ampliación en el comité de la APV, pero no puede paralizar las obras en el recinto del grao. No es de extrañar que la entidad emitiera ayer un comunicado en el que expresaba su «su agradecimiento y satisfacción» a Puertos del Estado por sus informes técnicos y jurídicos.
