La decisión del Consell de recuperar para uso público el histórico inmueble que acoge desde hace casi tres décadas a la Bolsa de València ha entrado ya en el territorio de la Justicia después de que la sociedad rectora de esta entidad haya presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana en el que además pide medidas cautelares para evitar su ‘desahucio’ mientras se pronuncia dicha instancia judicial. La Bolsa de València es propiedad en estos momentos del gestor bursátil suizo SIX, que el pasado junio compró Bolsa y Mercados Españoles (BME), la empresa propietaria de los cuatro parqués bursátiles del país: València, Madrid, Barcelona y Bilbao.
El pasado 13 de noviembre, el Consell aprobó la cancelación anticipada del convenio que había suscrito en 1990 con BME para la cesión del Palau de Boïl de Arenós para albergar a la bolsa valenciana. La Generalitat llevaba varios años sin lograr un acuerdo en sus negociaciones, primero con BME y luego con SIX. Su pretensión era pactar un uso compartido -también de los gastos- del histórico palacio gótico, pero la respuesta que obtuvieron era insuficiente para la administración autonómica en espacio y excesiva en gastos, motivo por el que al final la Dirección General de Patrimonio que dirige Isabel Castelló se decantó por cancelar el convenio.
El objetivo de dicha medida era el de recuperar el emblemático edificio, ubicado en la calle Libreros y, por tanto, muy cerca del palacio del Marqués de Dos Aguas, para la ciudadanía, dado que el inmueble podrá ser visitado una vez vuelva al sector público. El otro uso que se dará será el de albergar dependencias de la administración autonómica, que, según la conselleria de Hacienda, está necesitada de espacio.
La sociedad rectora de la Bolsa de València recurrió aquella decisión ante el citado departamento del Consell, pero el pleno del gobierno autonómico del pasado 5 de marzo desestimó el recurso de reposición. El 25 de marzo, el consejo de la sociedad rectora acordó por unanimidad presentar un recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo de la Generalitat, lo interpuso el 1 de abril y solicitó «la adopción de la medida cautelar de suspensión del mismo». El escrito, al que ha tenido acceso este diario, solicita que la Generalitat «se abstenga de ejercitar cualquier actuación relacionada con el referido acto administrativo recurrido hasta que no se resuelva la tutela cautelar solicitada» y que Hacienda «se abstenga de llevar a cabo los trámites necesarios» para hacer efectivo el ‘desahucio’.
